Desahuciar significa quitar la esperanza

Desahuciar significa quitar la esperanza.

Hoy nos hacemos eco del informe publicado por UNICEF España titulado "Yo también vivo aquí.  Vivienda, pobreza y derechos de infancia". 

Nos cuentan que:

La palabra castellana ahuciar, actualmente en desuso, significa “esperanzar o dar confianza” . Mucho más conocida, y por desgracia en pleno uso actual, es la palabra desahuciar, en su acepción que la relaciona con el proceso legal para expulsar u obligar a salir a una persona de una casa o de un terreno que ocupa o tiene arrendado. Desahuciar, sin embargo, mantiene también su acepción original como antónimo de ahuciar, es decir: “Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea” .  

El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano, un elemento clave de estabilidad de los hogares (de las personas) y para el desarrollo de niños y niñas hasta “el máximo de sus capacidades”. Como han destacado UNICEF y ONU Habitat: “Las investigaciones demuestran que el acceso de los niños a una vivienda adecuada contribuye a eliminar la pobreza infantil; mejora la salud; crea entornos educativos propicios; reduce las desigualdades de género; aumenta el acceso a los servicios básicos y a una tenencia segura; mejora el bienestar, la seguridad alimentaria, la seguridad y la movilidad; y, en última instancia, es un factor clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y construir un futuro sostenible para la próxima generación".

El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano contemplado en los tratados internacionales, también para los niños y niñas. UNICEF estima que 1.600 millones de personas viven en infraviviendas en todo el mundo, entre ellas un número cada vez mayor de niños y niñas.

En nuestro país la vivienda se está convirtiendo, desde hace muchos años, en un bien cada vez menos accesible para una parte importante de la población, por 

• el crecimiento de los precios, 
• por la inexistencia de un parque suficiente de vivienda en alquiler, 
• por la baja inversión en protección social de la vivienda o 
• por la notoria escasez de vivienda pública, especialmente en alquiler, que es la opción habitacional para las familias más vulnerables. 
• A esto, se unen situaciones de discriminación y barreras en el acceso a la vivienda por razón de etnia y nacionalidad, pero también por el tipo de familia (como las monoparentales).

La tasa de pobreza infantil en España es del 28,9%, es decir 2,3 millones de niños y niñas. Pero, además, deduciendo de los ingresos los gastos de la vivienda, 780.000 niños, niñas y adolescentes más caerían en riesgo de pobreza, elevando la tasa hasta el 38,6% (2023).  

Las prestaciones sociales que existen actualmente en nuestro país sólo alcanzaron al 8% de los niños, niñas y adolescentes

La Plataforma de Infancia es una alianza de entidades (75 organizaciones) sin ánimo de lucro, plural, solidaria, democrática e independiente desde el punto de vista político y religioso que trabajamos por alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Integramos el esfuerzo de las organizaciones sociales  y de todos los agentes involucrados con el bienestar de la infancia.

Nació en el año 1997 con la misión de aunar los esfuerzos de organizaciones de ámbito estatal que trabajan en el ámbito de la infancia y de crear un espacio de coordinación que defienda, promueva y proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes en España conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.  

En marzo de 2024 hizo una comparecencia en la Comisión de Infancia y Juventud del Congreso de los Diputados donde explicó las "Propuestas de infancia para la XV legislatura.  2024". 

Entresacamos algunos de los datos que ofrecen en su estudio:

• Las familias con hijas e hijos están soportando unas cargas, a veces, inasumibles. Los costes de la crianza, se situaron en torno a 672 euros al mes por hijo o hija en 2022 (...) De hecho, tener hijos en España es un factor determinante de vulnerabilidad hacia la pobreza. Y es que los hogares con hijos e hijas son los más afectados por la pobreza en España.
• España no solo es uno de los países que menos invierte en protección social a la infancia y a las familias (1,6 % del PIB) de la media de la Unión Europea (2,5% del PIB), sino que, además, la inversión que hace es ineficiente e inequitativa, ya que no llega a los hogares más vulnerables. La actual configuración del IRPF impide que las desgravaciones fiscales, que suponen el 60% de las ayudas a las familias, puedan tener impacto en la reducción de la pobreza de los niños y las niñas más vulnerables, ya que sus padres y madres están exentos de tributar.
•  España carece de políticas de conciliación adecuadas para que las familias puedan tener la condiciones y el tiempo suficiente para afrontar la crianza.
• España es el país de la UE con la tasa más alta de pobreza infantil. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, señalan que, para el año 2022, los niños y niñas son el colectivo con mayor riesgo de pobreza, un 27,8%. Además, los hogares con hijos e hijas son los más afectados por la pobreza.
• Las niñas, niños y adolescentes que han vivido en pobreza, en especial durante la primera etapa de vida, muestran mayores dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, están más expuestos al fracaso escolar y tienen más problemas de salud, así como es más probable que sigan siendo pobres en su vida adulta hasta en el 80% de los casos.
• España es, además, el tercer país de la UE con la tasa AROPE en la infancia más alta, con un 32,2%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la pobreza y/o exclusión social no afecta a todos los niños, niñas y adolescentes por igual. Así en 2022: 
• Dentro de la infancia son los y las adolescentes, de entre 13 y 17 años, el grupo con mayor tasa AROPE, un 34,9%. 
• 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores son de origen extranjero está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 
• El 49,1% de los hogares monoparentales se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social.
• El 50% de las personas que viven en asentamientos ilegales tienen menos de 16 años.
• Otro de los indicadores que forman parte del AROPE es la carencia material severa, que afecta a 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (el dato más alto de toda la serie histórica). La carencia material severa mide el acceso a una serie de items que se consideran básicos para el acceso a una calidad de vida. Entre ellos se destaca:
• El 5,9 % de los niños, niñas y adolescentes en España en 2022 no pudieron permitirse una comida de carne o pollo o pescado al menos cada dos días. En este punto conviene observar que el 17,8 % de las escuelas primarias en España carecen de comedor. 
• En relación con el acceso a la vivienda y a la pobreza energética, en 2022 el 16,1% de las familias no podían mantener su vivienda a una temperatura adecuada, lo que afecta a 1.300.000 niños, niñas y adolescentes. El dato supone el máximo histórico tras tres años de crecimiento ininterrumpido. Además, España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor proporción de niños, niñas y adolescentes que sufren de sobrecarga en el gasto de vivienda, es decir que el hogar destina más del 40% de los ingresos a pagar la vivienda y sus costes asociados. Los niños, niñas y adolescentes son los que más sufren esta problemática, en un 11,5%, de ellos un 37,1% están en situación de pobreza.
• Las altas tasas de pobreza se explican principalmente porque España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en protección social a la infancia y, además, de manera muy inequitativa, ya que la inversión no llega a quienes más lo necesitan. En concreto, España:
•  Invierte cerca del 1,6% del PIB en políticas de protección a la infancia cuando la media europea se sitúa en el 2,5% del PIB,
• Las prestaciones sociales que existen actualmente en nuestro país sólo alcanzaron al 8% de los niños, niñas y adolescentes y tan sólo lograron reducir la tasa de pobreza en 7,5 puntos, cuando la media europea se aproxima a los 14 puntos.

DEMOCRATIZAR LAS AYUDAS SOCIALES

DEMOCRATIZAR LAS AYUDAS SOCIALES

Las prestaciones sociales, las ayudas que los servicios públicos prestan a la población en situación de dificultad, son el medio que un país tiene de:

- ejercer la solidaridad social
- garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía

Prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital,  becas de comedor,  ayuda alimentaria, prestaciones para necesidades como poder llevar gafas o un tratamiento dental... se realizan a través del Estado, la Comunidad o los Ayuntamientos.

Estas prestaciones no son un favor, antes bien, constituyen un derecho reconocido por nuestro ordenamiento legal.

Los servicios sociales municipales son, en la mayor parte de las prestaciones, el servicio al que hay que acudir para solicitar ayuda. De su actuación depende que se reciba ayuda y qué ayuda se recibe. Su papel clave requiere:

 - Que los ayuntamientos cuenten con una plantilla suficiente para atender con agilidad y eficacia las necesidades de quienes acuden a ellos.

 - Que las ordenanzas que regulen tanto el acceso como el proceso de concesión o denegación y que la ayuda que finalmente se acuerde se ajusten a las necesidades reales de la población, tanto en su cuantía como en el tiempo en que esa ayuda es necesaria.
Los fallos en ambos puntos son graves por cuanto afectan seriamente a la vida de las personas en situación de dificultad. Son especialmente graves cuando inciden sobre la población infantil.

Nuestro  Proyecto del Menor de Leganés ha presentado reiteradamente al Ayuntamiento de Leganés propuestas para la mejora tanto de los recursos humanos de Servicios Sociales como de las ordenanzas que regulan los procesos de acceso a las prestaciones que dichos servicios prestan.

Queremos dar un paso más: hacer públicas nuestras propuestas con el deseo de que la ciudadanía las haga suyas y consigamos avanzar en la protección de niños y niñas en nuestro municipio.

Sabemos que cada artículo que proponemos modificar o incluir en las ordenanzas municipales de Leganés es posible porque lo hemos sacado de ordenanzas aprobadas en otros municipios.

1.- PROPUESTAS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL DEMOCRÁTICO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

2.- PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS EN TRÁNSITO

3.- PROPUESTAS  PARA ELIMINAR LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS EN EL ACCESO A LAS PRESTACIONES

4.- PROPUESTAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE PLAZOS,  INFORMACIÓN Y RECURSO, COMO EN EL RESTO DE GESTIONES DE LA CIUDADANIA CON LA ADMINISTRACIÓN.

En sucesivas entradas iremos desgranando cada una de estas propuestas