Malos tiempos para el gasto social

 Malos tiempos para el gasto social

Los impuestos

El Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos funcionan gracias a los impuestos que pagamos l@s ciudadan@s.  Es nuestra contribución al bien común, con nuestros pagos esperamos que se solucionen los problemas de sanidad, vivienda, educación, desigualdades sociales, etc.  Pero parece que llegan malos tiempos para estos rubros:  el secretario general de la OTAN reconoce públicamente que se necesitarán tijeretazos en partidas de pensiones, salud y sistemas de seguridad social.

La decisión la toma Trump

“Trump tiene razón”. “Para sobrevivir, Europa debe rearmarse”. “No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz”. Son mensajes que han transmitido durante los últimos días diferentes líderes europeos y representantes de la UE y de la OTAN. El regreso de Donald Trump deja muchos avisos en el Viejo Continente. Uno de los impactos que apenas se ha hecho esperar es la llamada de los países europeos más halcones con Rusia, principalmente los bálticos y el este, para redoblar el gasto en seguridad y defensa. El propio secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, reconoce que para ello será necesario aplicar recortes en otras partidas del pilar social.

La militarización de los impuestos y el gasto público será grandísima

Con respecto a la OTAN, Trump señaló que la necesidad de mantener el 5 % de gasto en Defensa en los presupuestos es prácticamente de obligado cumplimiento. Actualmente, el gasto al que estaban comprometidos los países miembros era del 2 %, un porcentaje que países como España no cumplían. Sin embargo, Trump ha condicionado la permanencia de su país en la alianza atlántica a que el gasto del resto de países alcance los 5 puntos porcentuales sobre los presupuestos generales de cada país. 

Polonia, presidenta del Consejo Europeo marca la tónica

Tusk acudió a la ciudad gala para presentar las prioridades de la Presidencia polaca del Consejo, que asume los mandos de la Unión Europea durante este mandato. La prioridad número uno de su agenda política es una: la seguridad. “Para sobrevivir, Europa tiene que armarse (...). Hay quien piensa que es una extravagancia o una maldad decir que deberíamos gastar hasta el 5% de nuestro PIB en cuestiones de seguridad, pero es que en los tiempos que corren Europa no puede permitirse ahorrar en seguridad. Yo soy el primer ministro de un país que está invirtiendo casi el 5 % en su seguridad y no lo hace únicamente en la suya propia, sino en la seguridad de toda Europa”, espetó ante los eurodiputados. “Es el momento para aumentar de forma radical nuestra inversión en defensa”, prosiguió.

Recordamos que otros datos económicos de Polonia son los siguientes:

• Alrededor del 20 % de la población (7,3 millones de personas) todavía vive bajo la pobreza oficial, 
• el coeficiente de desigualdad Gini (donde 1 significa que todos los ingresos personales van a una persona), que era de 0,27 en 1990 en la Polonia comunista, ahora ha aumentado a 0,45, muy por encima del promedio de la UE.

Irene Montero le dice a Tusk que lo que hace es militarizar y optar por la guerra

“Ustedes dicen seguridad para no llamar las cosas por su nombre: guerra y militarización. Y es que usted hace lo que le exige la OTAN, que es que Europa debe sacar el dinero de las pensiones y de la sanidad para pagar las guerras de Estados Unidos. Lo que Europa necesita y lo que da seguridad es la paz, la democracia y los derechos. Con la guerra, la austeridad y su complicidad con los genocidas, ustedes están haciendo a Europa cada vez más débil. A quien harán más fuerte es a Estados Unidos y a la extrema derecha”. Eran las palabras que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, dedicaba esta semana en el Pleno de Estrasburgo al primer ministro polaco Donald Tusk.

 Los más ricos están consumiendo el planeta

Si no reducimos rápidamente las emisiones de carbono, en tan solo cinco años habremos agotado la cantidad de carbono que podemos emitir sin desencadenar un colapso climático. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha demostrado de forma clara que los países ricos con altas emisiones y las grandes empresas contaminantes son los mayores responsables de la creciente crisis climática.

La función de los países del Norte global en la crisis climática y su responsabilidad en ella están bien documentados: se ha demostrado que, debido a su pasado histórico y en varios casos colonial, los países clasificados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la categoría de “Anexo 1” (es decir, los más industrializados) son responsables del 90 % del exceso de emisiones y, los países del Norte global en concreto, del 92 %.

El papel de las grandes corporaciones en la crisis climática también está bien documentado, en especial en el caso de las empresas de combustibles fósiles. Un estudio de alto nivel ha revelado que el 70 % de las emisiones industriales de carbono desde 1998 tienen su origen en tan solo 100 empresas productoras de petróleo, carbón y gas.

Los datos no engañan:

• El 10 % más rico es responsable del 50 % de las emisiones

• El 40 % intermedio es responsable del 43 % de las emisiones

• El 50 % más pobre es responsable del 8 % de las emisiones

Pero, además, como muestra el gráfico de abajo, los muy ricos están contaminando a un mayor nivel que hace unos años:

Una investigación que analiza las emisiones derivadas de los hábitos de consumo (las llamadas “emisiones por el estilo de vida”) de 20 milmillonarios (18 de ellos hombres y todos blancos) ha revelado que cada uno de ellos genera, en promedio, más de 8000 toneladas de CO2 en un solo año.  Los propietarios de aviones privados son mayoritariamente blancos, hombres de cierta edad (más de 50 años) que trabajan en la banca, las finanzas y el sector inmobiliario.

Además, estos hombres blancos de más de 50 años son los que deciden sobre la leyes de reducción de emisiones, es decir:  estamos condenados:

Así, no es extraño que un nuevo informe de las Naciones Unidas destaca que, a menos que se renueven los actuales sistemas financieros mundiales, los gobiernos de todo el mundo acabarán por incumplir sus compromisos de poner fin a la pobreza y luchar contra el cambio climático, recogidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Cambio climático y pobreza

Existen tres razones por las que los shocks climáticos y las catástrofes naturales agravan la desigualdad y provocan más pobreza:

• En primer lugar, los países, regiones y personas más pobres tienden a estar más expuestos a los impactos del cambio climático y las catástrofes naturales que sus homólogos más ricos. 

• En segundo lugar, son ellos quienes pierden una mayor parte de su riqueza cuando los shocks climáticos golpean. 

• Y, en tercer lugar, dichas poblaciones disponen de menos recursos para hacer frente a los impactos negativos de los shocks climáticos.  

Además, el cambio climático impacta en la pobreza de las siguientes maneras:

• Empujará a más de 130 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años, deshaciendo los avances en desarrollo logrados con tanto esfuerzo.

• Obligará a 200 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para 2050.

Criterios objetivos para evaluar las políticas municipales contra la pobreza

En nuestra primera entrada del año 2025 volvemos a un tema que ya habíamos tratado:  la triste clasificación reincidente de Leganés como Ayuntamiento pobre en Servicios Sociales.  Hoy vamos a profundizar un poco más en la noticia para ver sus implicaciones.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado, por séptimo año consecutivo, un detallado análisis de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de “Servicios Sociales y Promoción Social” (Funcional 23 de su contabilidad) con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2022 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

Criterios para cada categoría

Nos parece muy importante que publiquen los criterios en los que se basan sus afirmaciones.  Conocerlos por parte de las ONGs es una forma de ejercer una ciudadanía responsable y crítica con las acciones de sus ayuntamientos.  Como los criterios, además, están cuantificados se da a la ciudadanía y a los ayuntamientos un horizonte al que llegar para que sus políticas sean evaluadas positivamente.  Esto ayuda a situar el debate sobre la atención digna a la pobreza dentro de parámetros evaluables y no de simples conjeturas y opiniones.

Los criterios que han utilizado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales son los siguientes:

I. Criterio de Suficiencia Económica:  haber acreditado un Gasto Liquidado en “Servicios Sociales y Promoción Social” (funcional 23) durante el año 2022 superior a 151,31 € habitante/año, equivalentes al 160% de la mediana de gasto nacional de 64,57 €.

II. Criterio de Incremento Económico:  que la Liquidación del Presupuesto de Gasto 2022 en “Servicios Sociales y Promoción Social” (23) no se haya reducido respecto a la Liquidación del gasto social en 2021. 

III. Criterio de Esfuerzo Inversor:  que el Gasto Social (23) Liquidado en 2022, represente al menos un 10% del Presupuesto Total No Financiero liquidado por el Ayuntamiento en 2022. 

IV. Criterio de Transparencia Financiera:  que permita cotejar en el portal de Transparencia de la Web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto imputado a la funcional 23 “Servicios Sociales y Promoción Social”.  

La mediana de Gasto/habitante liquidado 2022 fue de 94,57 €/h, y con el 60% de esa mediana de Gasto de 56,74 €/hab, 37 ayuntamientos son oficialmente pobres en el gasto que dedican a sus Servicios Sociales.

Ayuntamientos en excelencia social 2022 

El excelente e interesantísimo trabajo realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también nos expone ejemplos positivos hacia los que orientar las políticas:  son los Ayuntamientos que alcanzan niveles de Excelencia Social.  Esto nos deja claro, una vez más, que la atención a la pobreza es una opción política que depende de la voluntad de los ediles y de los partidos políticos.  Si se quiere, se puede.

Aunque existen estos modelos positivos, hemos de resaltar que son muy escasos, sólo atienden al 11'2 % de los 30'57 millones de habitantes que tienen los municipios de más de 20.000 habitantes.  Y, además, la cifra baja.

Sólo 37 Ayuntamientos alcanzan los niveles de Excelencia Social fijados en el estudio, apenas el 9,16% de los 404 municipios españoles mayores de 20.000 habitantes sobre los que se realiza el estudio económico. 

Cifra que baja considerablemente de los 57 de la 6ª Edición 2021, al haberse incrementado este año el nivel del gasto social para ser merecedor del reconocimiento al 160% de la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los Ayuntamientos hasta alcanzar una inversión mínima de 151,31 € por habitante/año. 

Sólo 3,4 millones de habitantes pueden sentirse beneficiados de unos Ayuntamientos que ponen a disposición de sus Servicios Sociales una inversión económica de Excelencia, lo que apenas representa el 11,20% de los 30,57 millones de habitantes que residen en España en municipios mayores de 20.000 habitantes (urbanos). 

El perfil medio de estas poblaciones urbanas en excelencia social se sitúa en ciudades medias con una población de 36.500 habitantes, debiendo destacarse que únicamente tres capitales de provincia (Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Granada) alcanzan criterios de excelencia social en la 7ª Edición.

La Mediana de Gasto efectuada por el conjunto de Ayuntamientos se sitúa en esta edición en 94,57 €/habitante, lo que representa un aumento del 6,43% respecto al ejercicio 2021, habiéndose realizado por el conjunto de Ayuntamientos un Gasto en Servicios Sociales superior a los 3.691 Millones €, un 10% más que en el ejercicio precedente.

La Comunidad Autónoma que aporta un mayor número de Ayuntamientos con un inversión económica en Excelencia vuelve a ser Andalucía con 16 Ayuntamientos, por la considerable incidencia económica del servicio de ayuda a domicilio del sistema de la dependencia gestionado por las Entidades Locales andaluzas, seguida de Cataluña con 6, la Comunidad Valenciana con 4, País Vasco con 3, Baleares y Canarias con 2, y Aragón, Castilla La Mancha, Galicia, y Murcia con 1; no alcanzando representación en el ranking Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Navarra y Madrid.

II.- Corporaciones excelentes que han logrado elevar su gasto social un 60 % durante su mandato 2019-2022 

Habiendo tomado posesión el verano pasado las nuevas Corporaciones Locales 2023-2026, en esta 7ª Edición se quiere reconocer el esfuerzo de todas las Corporaciones Locales españolas que han tenido que hacer frente a una situación tan difícil con la gestión de la COVID-19.  En general, el conjunto de las Corporaciones Locales españolas ha impulsado el Gasto Social en su Ayuntamiento, como premisa para elevar la calidad y cantidad de servicios ofrecidos a la ciudadanía.  Así lo hicieron al reflejar el gasto presupuestario liquidado de los últimos 4 ejercicios, que se incrementó en un 17% hasta alcanzar los 3.691 Mill €.

No obstante, algunas de esas Corporaciones Locales han conseguido casi una proeza, al reunir los criterios de excelencia social en 2022 (en la que precisa una inversión social mínima de 151,31 €), además de elevar la inversión social durante los cuatro años de su mandato en más de 60%. 

Sólo 8 Ayuntamientos en el conjunto del país han conseguido incrementar la inversión social efectuada con anterioridad a su mandato en más de un 60%, ya sea por la modestia de la inversión inicial como Nerja, o como en la mayoría de los restantes por partir de una elevada inversión cercana a los 100 €/hab. que ha mejorado notablemente, o incluso llegado a duplicarse o triplicarse.

III.- 37 Ayuntamientos pobres en servicios sociales en 2022

En el otro extremo de las elecciones políticas se encuentran los ayuntamientos que buscan mantener la pobreza entre sus conciudadanos.  Penosamente, Leganés se encuentra entre ellos, lo cual supone que no cumple los criterios de los que se habla al principio del artículo.  ¿Por qué?  Por decisión de los políticos que rigen el ayuntamiento.

En analogía con lo que las estadísticas de la UE consideran la pobreza de las personas (aquellas que obtienen ingresos inferiores al 60% de la mediana de la renta de las personas del país), podemos considerar igualmente pobres en Servicios Sociales a aquellos Ayuntamientos que realizan una inversión inferior al 60% de la mediana de gasto de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes durante el ejercicio 2022.  

Para obtener el listado de Ayuntamientos “pobres” en servicios sociales se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

✓ Muestra:  ayuntamientos con población mayor de 20.000 habitantes que han remitido la Liquidación del Presupuestos 2022 al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y que ha sido hecha pública por éste en su portal web a fecha 30/11/2023. 

✓ Gasto:  se ha considerado el gasto social del presupuesto consolidado del Ayuntamiento reflejado en la Liquidación del Presupuesto 2022 correspondiente a la funcional (23) Servicios Sociales y Promoción Social. 

✓ Fuente:  datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Función Pública relativos a la Liquidación del Presupuesto de las EE. LL 2020 hechos públicos por éste a fecha 30 de Noviembre de 2023 en su portal web https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/CONPREL máximo nivel de desglose ACCESS. 

✓ Criterio:  gasto Social en 2022 por debajo del 60% de la mediana de gasto por habitante/año.  La mediana de Gasto Liquidado por habitante que en 2022 fue de 94,57 €/habitante, y el 60% de esa mediana de Gasto de 56,74 €/hab, lo que representa un 8,87% más que en el ejercicio 2021 que se situó en 52,12 €) 

Datos de interés de ayuntamiento pobres en inversión social

• En el ejercicio 2022 han sido 37 los Ayuntamientos que realizaron menor gasto social por habitante, inferior al 60% de la mediana de gasto (56,74 €/habitante), reduciéndose únicamente en 1 los Ayuntamientos que reciben esta calificación de “pobres” en inversión social. 

• Esos 37 Ayuntamientos atendieron a sus 2.544.015 vecinos y vecinas con una inversión social media inferior a 56,74 € por habitante, lo que apenas representó de media un gasto en Servicios Sociales y Promoción Social (23) del 5,12% respecto a su Gasto Total, cuando la media nacional se sitúo en un gasto del 10,06%. 

• Un año más, buena parte de los Ayuntamientos pobres en 2021 también lo fueron en la edición anterior de 2021 (el 65%), señalándose en el informe su Reincidencia (R) en un lamentable ejemplo de persistencia de sus Corporaciones en mantener a sus vecinos y vecinas con unos Servicios Sociales infradotados económicamente y carentes de los derechos sociales que legítimamente les corresponden. 

• Una edición más, es la Comunidad de Madrid la que aporta el 41% de los Ayuntamientos pobres en inversión social con 15 Ayuntamientos, seguida de la Comunitat Valenciana con 8;  Andalucía, Cantabria, Castilla La-Mancha, Extremadura y Murcia con 2, y Baleares, Canarias y Galicia con 1 solo Ayuntamiento pobre en inversión social.

 Empatizar con la migración

CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) nos ofrece un recurso gráfico muy interesante.  Lo llaman escalera del odio.

Además, entre sus documentos, podemos encontrar vídeos que tienen la facultad de hacernos oír cómo se siente parte de la población migrante en España.

En sus vídeos nos explican que

• 1 de cada 2 personas se han sentido discriminadas por su origen racial o étnico.  

• El 28 % lo ha sufrido además por su sexo, especialmente las mujeres.  

• El 60 % de las personas africanas o afrodescendientes perciben que la discriminación hacia ellas se está incrementando.  

• En España se registran entre 1.200 y 1.700 delitos de odio cada año.  Un tercio de ellos por motivación racista.  

• Sólo un 10 % lo denuncia formalmente.  El resto piensa que no sirve para nada o que es algo "normal o habitual"

Escucharles un momento y empatizar con ell@s un instante nos impedirá subir esta escalera del odio por la que es tan fácil transitar para muchas personas.

 Pobreza y salud

Aunque el acceso a la salud (tener la posibilidad de hacer frente a la enfermedad con acceso a medicamentos, vacunas, servicios de asistencia, agua potable, condiciones de higiene digna y educación) es un derecho fundamental para todos los seres humanos, existen diferencias escandalosas entre países pobres y países ricos y entre personas ricas y pobres de un mismo país.

“Realmente, se produce una relación causa/efecto de doble dirección:  la pobreza genera mala salud, y la mala salud contribuye a perpetuar la pobreza.  La pobreza es el mayor obstáculo para la salud”.

Al no disponer de una cobertura sanitaria y de información sobre prácticas adecuadas de prevención y promoción de la salud, muchas personas enferman y tanto ellas como sus familias pueden verse obligadas a dejar de estudiar o trabajar. Esto alimenta el círculo de la pobreza. Generaciones de una misma familia sumidas en esa situación sin disponer de recursos para salir de ella.

No en vano, la pobreza y la situación de bajos ingresos se asocian a una serie de resultados adversos para la salud, como una menor esperanza de vida, mayores tasas de mortalidad infantil y mayores tasas de mortalidad por las 14 principales causas de muerte, así como mayor exposición a enfermedades olvidadas

• En los países desarrollados, la esperanza de vida (el número de años que cabe esperar que viva un recién nacido) es superior a 80 años, mientras en los países más pobres apenas llega a los 50.

• Mil millones de personas en el mundo sufren desnutrición, derivada de dietas bajas en calorías, proteínas y micronutrientes básicos.

• Unos 165 millones de niños menores de cinco años (casi uno de cada cuatro) sufren desnutrición crónica.

• La desnutrición es la culpable de la muerte de casi la mitad de los 6.3 millones de niños menores de cinco años que fallecen cada año por causas fácilmente prevenibles y curables.

• El 40% de la población mundial no tiene cobertura sanitaria, y el 33% no tiene acceso a las medicinas, porque su alto coste no se lo permite. Y es que la producción de medicinas es un negocio, por los que, con frecuencia, se fabrican los medicamentos más rentables, no los más necesarios para la salud de la gente.

La clave está en el acceso universal a la salud

Para romper el vínculo entre la pobreza y la enfermedad, es necesario garantizar la Cobertura Sanitaria Universal, para que todas las personas puedan acceder a todos aquellos servicios de salud esenciales independientemente de los recursos que tengan.

La desigualdad en la salud

El 37,4% de las personas pobres considera que su salud es regular, mala o muy mala, cifra que está algo más de 11 puntos porcentuales por encima de medida para las personas no pobres (26,2%), es decir, una diferencia entre ambas del 43%. 

La situación de pobreza también determina diferencias importantes en la capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD) ya que una de cada cuatro personas pobres (24%) manifiesta algún tipo de dificultad para realizarlas, cifra que contrasta con el 15,6% en el caso de las personas no pobres. Además, la intensidad de la dificultad es mucho mayor entre las personas pobres, el 9,4% de las cuales no puede realizarlas (5,4% entre el resto de población).  

No pudieron recibir atención por causas económicas el 5% de las personas en hogares pobres que necesitaron asistencia médica, el 25,5% de las que necesitaron atención dental y el 3% de las que necesitaron servicios de salud mental. El 6,9% no pudieron acceder a medicamentos recetados, cifra que asciende a 8,3% entre las personas desempleadas.  Respecto a las prácticas preventivas, la Encuesta Nacional de Salud indica que entre el 9% y el 10% de las personas pobres no las han realizado, o lo han hecho hace más de cinco años. Estas cifras prácticamente doblan las registradas entre las personas que residen en hogares que no son pobres

Por otra parte, a la mitad de las mujeres pobres no se les ha practicado nunca una mamografía cifra que es un 30,7% (11,5 puntos porcentuales) superior a la de las mujeres no pobres. Además, si se considera la edad recomendada, que es entre 50 y 69 años, las diferencias aumentan enormemente, pues al 9,1% de las mujeres pobres -casi el triple que a las no pobres (3,4%)- no se le ha practicado nunca. Respecto a las citologías, muy importantes para la prevención del cáncer de cérvix, las diferencias son parecidas (33,8% de mujeres pobres y 18,4% de no pobres a las cuales no se ha practicado nunca una citología). 

El análisis de los determinantes de la salud muestra que las personas pobres son más obesas, un 21,9% frente a un 15% que las no pobres. También lo menores entre 15 y 18 años que viven en hogares pobres registran tasas más elevadas de peso insuficientes.  

Las personas que viven en hogares pobres se alimentan peor y consumen menos fruta, verduras, carne y pescado. Por el contrario, consumen más patatas, pasta, arroz pan y comida rápida. Comen peor porque los alimentos sanos son caros y ese es uno de los principales factores por los cuales las tasas de obesidad son más altas entre ellas.  La obesidad también se relaciona con hábitos de vida saludable como el ejercicio y el Estudio alerta de que prácticamente la mitad de las personas pobres no hacen ejercicio (47% frente al 32% de las que no son pobres). 

En cuanto a hábitos de vida que se consideran de riesgo para la salud tales como el consumo de tabaco y alcohol:  

• Las personas en hogares pobres fuman más (24,5% c/r 20,8%).  
• El 27% de las personas pobres no consume nunca alcohol frente al 14,9% de las no pobres. 

 

La discriminación a los migrantes nos hace perder 17.000 millones € anuales

Hoy nos hacemos eco de la noticia de Gabriela Sánchez y Raúl Sánchez en elDiario.es que nos cuenta que la discriminación educativa y en el empleo  afecta de forma negativa al conjunto de la economía estatal, haciéndole perder cerca de 17 mil millones de euros, según revela un nuevo informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, encargado por el Ministerio de Migraciones, lo que supone un 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB).

Influencia de la discriminación en lo laboral

“Hablamos de un detrimento bruto de recursos de enorme magnitud, equivalente, por ejemplo, a buena parte del total de gastos de personal de los presupuestos generales del Estado en 2022 o a aproximadamente más de la mitad de la recaudación por el impuesto de sociedades ese mismo año (32 millones de euros)”, advierten los autores, Ramón Mahía Casado y Eva Medina Moral.  Según su análisis, el efecto económico se explica principalmente por la remuneración salarial que deja de percibir la población extranjera discriminada, ya sea en el trabajo o también en la educación -con el consiguiente efecto en sus ingresos futuros-. 

En el trabajo, la investigación detecta que los residentes extranjeros tienen un 5% más de probabilidades de estar desempleados que los autóctonos por razones de discriminación. En este caso, el informe contabiliza su efecto en la economía en alrededor de 5.100 millones de euros, aproximadamente un 0,38% del PIB. 

España también desperdicia el talento extranjero con más frecuencia que el español.  El estudio apunta que los empleados inmigrantes tienen un 15% más de posibilidades que un autóctono de trabajar en un puesto por debajo de su cualificación.  “El análisis revela que las diferencias de sobrecualificación moderada para trabajadores extranjeros con estudios superiores que puede deberse eventualmente a la discriminación son del 15%”, sostiene el documento.  Esa discriminación que aboca a miles de inmigrantes a trabajar en un oficio de menor cualificación se valora en cerca de 2.800 millones de euros, lo que supone un 0,21% del PIB. 

La desigualdad también impacta en los sueldos de la población extranjera, especialmente en los de las mujeres inmigrantes.  La brecha salarial entre población extranjera y autóctona que se produce debido a factores de discriminación alcanza el 2,2% del salario medio de ambos colectivos, según el informe.  De manera individual, la diferencia puede parecer anecdótica, pues los ciudadanos extranjeros reciben de media 48 euros mensuales menos, según el estudio.  Sin embargo, el recorte a nivel macroeconómico va mucho más allá, alcanzando los 2.200 millones de euros anuales, lo que equivale al 0,17% del PIB, según el estudio.  

Influencia de la discriminación en lo educativo

La discriminación también se ceba con la población extranjera en el ámbito educativo.  Los investigadores perciben una “marcada desigualdad” en el acceso a la educación, así como en el índice de abandono escolar.  “La población extranjera enfrenta una tasa de escolarización inferior y una mayor probabilidad de abandono escolar debido a su origen”, concluye el documento.

La discriminación sufrida por los alumnos procedentes de otro país comienza en el acceso a la escolarización, donde el estudio identifica un 17% más de escolarización entre los estudiantes autóctonos que los inmigrantes, valorada en hasta 3.398 millones de euros, un 0,25% del PIB. 

Después del acceso escolar, la discriminación no cesa.  El análisis señala que “los procesos de estrés asociados a los procesos migratorios” y “los mayores índices de acoso” detectados entre los estudiantes inmigrantes se acaban traduciendo en mayores niveles de abandono entre el alumnado extranjero, que alcanzan un coste económico de 102 millones de euros, según sus cálculos. 

El mayor impacto económico ligado a la discriminación educativa se encuentra en el desigual acceso a la universidad entre alumnos extranjeros y autóctonos tras acabar bachillerato, cuantificado en 3.889 millones de euros, un 80% del coste total identificado en el ámbito de estudios.  La investigación también destaca la discriminación hallada en el paso de la primera etapa de la ESO a la segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (17% menos entre los alumnos procedentes de otro país). 

En uno de los pocos ámbitos donde se encuentra un índice de abandono menor entre la población extranjera que la española es en los ciclos formativos de Formación Profesional.  No obstante, los autores matizan el hallazgo: “Dado que está calculado en base a expectativas, el resultado podría explicarse por un mejor resultado académico respecto a los/ as estudiantes autóctonos que realizan los mismos estudios, lo que podría indicar una sobre presencia de estudiantes extranjeros en los ciclos de Formación Profesional que también hubieran podido terminar con éxito otro tipo de estudios”, advierten. 

 Si naciste para clavo, del cielo te caen martillos

Hoy nos hacemos eco de una situación tan extrema como penosa que atañe a las personas vulnerables que solicitaron y recibieron el Ingreso Mínimo Vital, pero que por error de la Administración al hacer los cálculos, ahora son requeridos para devolver parte de la ayuda.  Lo aflora Germán Aranda en El Confidencial.

Los hechos

En septiembre de este año 2024, el Ingreso Mínimo Vital acumulaba ya 900.856 prestaciones aprobadas que alcanzaban a 2,6 millones de personas.  En octubre de 2023, fecha en la que contabilizó Airef para su última opinión al respecto, eran 342.856 prestaciones, con revisiones de importes al 65% de ellos y exigencia de devolución de una parte al 25%, 85.000. No sabemos cuántas devoluciones han solicitado a día de hoy porque el Gobierno no informa de este dato. 

Es decir, unas 85.000 personas han recibido el IMV pero, por error de la Administración al hacer mal los cálculos, ahora se les pida que devuelvan parte del dinero.

El Ingreso Mínimo Vital, como las rentas de inserción de las comunidades autónomas, sirve para proteger a las familias más vulnerables que, sin ingresos o con ingresos muy bajos, están en riesgo de pobreza severa, de no poder pagar su vivienda o sus alimentos. 

El error de la Administración proviene de:  Cuando se otorga la prestación del Ingreso Mínimo Vital, se tiene en cuenta la declaración de la renta, que corresponde al año anterior. Pero cuando pasa un año, se revisa la declaración de la renta del año posterior, que estaba en curso cuando se concedió la prestación. Si los ingresos superan los lindares, se solicita al beneficiario la devolución de parte del IMV. 

La oficina del Defensor del Pueblo ha comunicado este miércoles que se ha trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la necesidad de abordar una modificación del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reclamar todas las deudas, en todos los casos.

La modificación legal propuesta afectaría, además de al ingreso mínimo vital, a otras ayudas asistenciales como pensiones no contributivas de invalidez o jubilación, o los subsidios de desempleo de larga duración. Los beneficiarios de ayudas asistenciales están obligados a informar a la Administración cuando reciban nuevos ingresos, si bien las entidades gestoras tardan meses, "incluso años", en revisar la prestación y cuando lo hacen reclaman la devolución de todo el periodo cobrado.

Las consecuencias

Es poco probable que, por mucho que les haya mejorado después la vida a estas familias o por mucho que se equivocara la administración en los cálculos al concederles la prestación, estas familias hayan dejado de ser vulnerables cuando les llegue la notificación. Son, en su inmensa mayoría, personas que han gastado esa ayuda en comida, en alquiler, en los libros de sus hijos, arreglarse la muela o un peluquero, y que no tienen ahorros. 

La Seguridad Social debería de condonar o suspender estas deudas generadas por los cobros indebidos,

• tal y como apunta una sentencia reciente de Pamplona.  Una sentencia del pasado mes de julio emitida por el juzgado de lo social número 1 de Logroño, y ratificada el mismo mes por el Tribunal superior de Justicia de La Rioja, resuelve que un beneficiario del Ingreso Mínimo Vital que cobró indebidamente el ingreso no debe devolverlo si el error era de la administración, no había mala fe y además cubría unas necesidades básicas. La sentencia perdona una deuda de 4.315 euros con la administración y, al mismo tiempo, abre una vía legal y genera jurisprudencia para miles de casos, ya que la devolución de cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital tiene normalmente como origen un error de la administración y muchas familias siguen siendo vulnerables, pues esta era la condición para recibirlo. 
• y como también pidió el Defensor del Pueblo en agosto.  El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio donde propone limitar la obligación de devolver el cobro indebido de prestaciones sociales, entre ellas el ingreso mínimo vital (IMV), en el caso de que se trate de hogares vulnerables y no haya mediado mala fe o el error haya sido de la Administración.

Lo más grave es que el Ministerio lleva tiempo diciendo que trabaja "en una respuesta" al Defensor del Pueblo, pero esta no llega y sigue escurriendo el bulto y cargando con todo el peso de la gestión a las familias, que son las que si no pueden pagar, deben iniciar una reclamación administrativa, como si no tuvieran ya bastantes preocupaciones en llegar a final de mes y con la deuda generada.

Poca repercusión mediática

Pese a que afecta a decenas de miles de personas de las más vulnerables de España, el problema de los cobros indebidos no ha tenido una gran repercusión mediática y ni tan siquiera hay muchas entidades comprometidas. Están viviendo las familias con cierta soledad y mucha angustia el paso de los meses en los que, en muchos casos, ya se les está descontando de la propia prestación el exceso de cobro de años anteriores, cuando se da, pues en ocasiones la administración también se equivoca en su revisión. 

Tan solo el humilde Movimiento ATD Cuarto Mundo insiste en denunciar este agravio para las familias, e incluso presentó una reclamación colectiva al Comité Europeo de Derechos Sociales denunciando las violaciones a la Carta Social Europea en que incurre el Ingreso Mínimo Vital, especialmente en lo que respecta a los cobros indebidos.

Por si fuera poco, esta misma plataforma hizo un taller on-line de casi tres horas para explicar cómo reclamar la devolución de los cobros indebidos que tiene ya más de 3.000 visualizaciones en Youtube. Una vez más, una humilde plataforma altruista cumpliendo el papel que correspondería al Estado: el del acompañamiento, también administrativo, a las familias vulnerables.

Demanda internacional contra España por el Ingreso Mínimo Vital

La denuncia fue registrada el 4 de junio de 2024. Se refiere a los artículos 1 (derecho al trabajo), 7 (derecho de los niños y adolescentes a la protección), 13 (derecho a la asistencia social y médica), 15 (derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, integración y participación en la vida comunitaria), 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), 17 (derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección social y jurídica) y económica), 27 (derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato), 30 (derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social), 31 (derecho a la vivienda) y E (no discriminación) de la Carta Social Europea revisada. 

Hace unos días, la portavoz de esta plataforma, Hontanares Arranz, insistió con el tema de los cobros indebidos en un acto sobre pobreza organizado por la European Anti Poverty Network, con la presencia del Ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy. Se preguntaba Arranz por qué en estos actos no se da voz a las personas en situación de pobreza y por qué el Gobierno y los medios no están afrontando de cara la problemática de los cobros indebidos y se sorprendió de que precisamente personas "sensibles" al tema de la pobreza están dando la espalda a esta situación dramática. Las respuestas de los ponentes fueron vagas y nadie se atrevió a ahondar en este tema.