Blog del proyecto ciudadano "Defensor del Menor" de Leganés
El deber de protección a la infancia es el derecho de la infancia a ser protegida. Este deber nos obliga a nosotros, a nosotras, las personas adultas, a intentar garantizar los derechos fundamentales de los y las menores, y a hacerlo no sólo exigiendo políticas activas, no sólo poniendo en marcha actividades solidarias sino incluyendo también la objeción de conciencia, la desobediencia civil y pacífica a normas y leyes cuando estas repercuten negativamente sobre las condiciones de vida de nuestros niños y nuestras niñas.
Buscar fondos para que los niños y las niñas puedan ir al colegio con los materiales escolares que les piden, pagar las cooperativas de aula y participar en las actividades que los colegios organizan en horario lectivo fuera del centro, es algo que no deberíamos tener que hacer. Porque todas esas cosas forman parte del derecho a la educación y deberían estar cubiertas por los servicios públicos. Pero no lo están, y la infancia no tiene la culpa.
Entradas en las Asociaciones vecinales y media hora antes de la actuación, en el teatro.
En España se ha subido desde el 26'0 % al 26'5 % la tasa AROPE general. No sólo no se ha quitado gente de la pobreza, sino que se han sumado a ella y, por lo tanto, nos hemos alejado mucho del porcentaje del 20'2 % deseable para 2030.
En la población de menos de 18 años los datos son igualmente penosos: se ha pasado del 32'2 % de tasa AROPE al 34'5 % de tasa AROPE. Alejándose mucho de la meta del 22'7 % marcada para 2030.
... al éxito español por enquistar la pobreza
En la página 77 de la nueva Estrategia Nacional se empieza a hablar del impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza. Se afirman 2 cosas: que se consiguió amortiguar el impacto negativo (el sufrimiento) de la pobreza y que se redujeron los datos de pobreza.
Muy de acuerdo con la primera afirmación. Las tasas de pobreza bajaron gracias a cobrar la aportación del Estado.
Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con la idea de que estas ayudas bajaron la tasa de pobreza. L@s pobres lo siguieron siendo y el año siguiente siguieron necesitando la ayuda para sobrevivir y para ser considerados como que abandonaban la zona de pobreza y exclusión social.
Si el enfoque triunfalista tuviera razón, el 44'3 % de pobreza de 2019 que tras las ayudas bajó contablemente al 20'7 %, en el año 2020 deberían haber sido este 20'7 % los reconocidos dentro de la tasa de pobreza antes de las transferencias sociales. Y el propio gobierno nos dice que fueron un 43'9 %.
Sin embargo, sólo hubo una variación del -0'4 %. Esto es lo que realmente disminuyó la pobreza.
Y tras los 5 años de transferencias sociales la pobreza bajó del 44'3 % al 42'6 %. Un pequeño -1'7 %, de agradecer, pero que supone una media de - 0'4 % anual.
Los mismos razonamientos nos valen para la pobreza severa, cuyos datos están en el siguiente gráfico. En este caso, la pobreza severa bajó de 2019 a 2023 un 2'4 %. Muy lejos de lo necesario y lejísimos de lo que el gobierno pretende demostrar jugando con los datos y haciendo trucos contables que guardan poco respeto con la gravedad de las situaciones que viven much@s español@s.
Los compromisos de España con la tasa AROPE para 2030
En marzo de 2021
la Comisión Europea presentó el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Este
Plan contempla objetivos globales para la UE y objetivos nacionales que deben cumplirse para
el año 2030.
España fue uno de los primeros países en enviar sus objetivos nacionales a primeros
de 2022, y uno de los países en fijar objetivos más ambiciosos. Así, el compromiso de España
es reducir la tasa AROPE en la población general en 6,05 puntos porcentuales para llegar a una tasa del 20,2%
en 2030.
En la población infantil, el objetivo es reducir la tasa AROPE 8,6 puntos porcentuales para llegar a una
tasa del 22,7% en 2030.
Esto implica que deberían salir de la pobreza o exclusión social, al
menos, 2.815.790 personas, de las cuales 713.033 deberían ser niñas, niños y adolescentes
menores de 18 años, partiendo de una línea de base de 2.595.000 NNA (niños, niñas y adolescentes).
Los resultados en 2024
Datos de: Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 2024-2030 Los datos no pueden ser peores. En España se ha subido desde el 26'0 % al 26'5 % la tasa AROPE general. No sólo no se ha quitado gente de la pobreza, sino que se han sumado a ella y, por lo tanto, nos hemos alejado mucho del porcentaje del 20'2 % deseable para 2030.
En la población de menos de 18 años los datos son igualmente penosos: se ha pasado del 32'2 % de tasa AROPE al 34'5 % de tasa AROPE. Alejándose mucho de la meta del 22'7 % marcada para 2030.
Una mirada "histórica" de más profundidad, teniendo en cuenta los datos hasta 2015, nos muestra en el gráfico 41 que en estos 9 años la situación en la población total ha mejorado 2'2 puntos porcentuales. A una media de 0'24 puntos porcentuales por año. A ese ritmo de "mejora" tardaríamos en llegar al 20'2 % un total de 26 años, es decir, en 2049.
En la población de menores de 18 años, en cambio, la situación ha empeorado 0'5 puntos porcentuales. Con estas cifras no serían posible cumplir nunca el objetivo del 22'7% previsto para 2030. Estos datos de población infantil equivalen a 2.768.316 niños y niñas en pobreza.
Estos datos parecen indicar una conclusión contundente: la lucha contra la pobreza fracasa.
La tasa de pobreza española comparándola con los países de Europa
España sigue mostrando indicadores de pobreza y exclusión social en niños, niñas y
adolescentes sustantivamente más altos que la media europea. Como indica el gráfico 40, en
2023, el 24,8 % de los niños (menores de 18 años) de la UE estaban en riesgo de pobreza o
exclusión social, frente al 20,6 % de los adultos (mayores de 18 años). España alcanza la
segunda tasa más elevada (34,5%) de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía (39,0 %).
Los ministros Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) y Sira Rego (Juventud e Infancia) han presentado este jueves, 9 de enero de 2025, la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, que fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre.
Se trata de un plan que, tal y como se ha detallado en la presentación, constituye la hoja de ruta que el Gobierno seguirá en los próximos años para que España reduzca su porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social.
A pesar de que este indicador ha mejorado en los últimos años en nuestro país, en 2023 seguía estando cinco puntos por encima de la media europea (26,5% frente a 21,3%), y es aún más preocupante, han alertado Bustinduy y Rego, si miramos la tasa de pobreza infantil, donde el porcentaje (34,5%) era casi diez puntos más que el promedio europeo (24,8 %).
En base a estas cifras, ambos ministros han defendido que España adopte una Prestación Universal por Crianza. Una propuesta de Pablo Bustinduy que se está negociando en los próximos Presupuestos Generales del Estado y que, según él mismo ha señalado, supondrá un “elemento central” para rectificar los “inaceptables datos de pobreza infantil con los que convivimos” y para “reflejar el compromiso de este Gobierno con las familias y los derechos de la infancia”.
Además de la Prestación Universal por Crianza, Pablo Bustinduy ha destacado también la necesidad de intervenir “de forma urgente” el mercado de la vivienda. “Es insostenible que casi el 40% de los hogares que viven en alquiler destinen a la vivienda más del 40% de su renta”, ha dicho el ministro para subrayar que el precio de la vivienda es ya uno de los principales factores de pobreza en España.
Por su parte, Sira Rego ha subrayado que la pobreza infantil es “una de las mayores heridas sociales de España”, lamentando que afecta al 33% de niñas y niños. “El futuro de la infancia que vive en nuestro país no puede depender del código postal o del azar de nacer en una familia u otra”, ha manifestado la ministra, quien ha defendido la necesidad de un Pacto de Estado contra la pobreza infantil “para romper el ciclo de desigualdad estructural” y para garantizar a las niñas y a los niños derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda. “No combatir esta situación es hipotecar el futuro de nuestras niñas y niños y, con ello, el futuro de nuestra sociedad”, ha concluido la ministra, pidiendo a todas las fuerzas políticas que apoyen este compromiso de Estado.
En nuevos capítulos analizaremos más detalladamente el documento.
La pobreza es un mal extendido por todas las sociedades humanas. La soledad puede ser deseada o puede llegar a convertirse en la expresión del abandono social. Si juntas pobreza y soledad no deseada el mundo se hunde.
Hoy nos hacemos eco de una noticia aterradora: la pobreza y la soledad llevan a cientos de ancianos a buscar en la cárcel estabilidad, compañía y atención médica gratuita.
El mundo desarrollado lleva mucho tiempo aumentando su esperanza de vida. ¿Nos hemos preocupado de igual manera en desarrollar las instituciones, medios y cuidados necesarios para contar con una población envejecida? ¿Podrían nuestros mayores colaborar de algunas formas con la sociedad para devolver algo de lo que reciben o sólo hay que dejarlos de lado?
Que la compañía sea un lujo al igual que la alimentación, la sanidad o la vivienda nos ha de dar que pensar. Y sobre todo, ha de fijar la orientación de nuestras líneas de acción política. ¿Qué lógica tiene que nuestros mayores busquen la delincuencia para poder estar atendidos en la cárcel?
La soledad y la pobreza en Japón
Japón, conocido por su longevidad y bajos índices de natalidad, enfrenta un fenómeno social inesperado. Y es que, aunque pueda parecer sorprendente, cada vez más personas mayores eligen cometer delitos menores para ingresar en prisión. Este comportamiento, lejos de responder a tendencias delictivas habituales, pone de manifiesto problemas más profundos como el aislamiento social, la pobreza y un sistema de bienestar que, para muchos, resulta insuficiente.
En las prisiones japonesas, el envejecimiento de la población carcelaria es un reflejo del envejecimiento de la sociedad en general. Entre los muros de la cárcel de mujeres de Tochigi, la más grande del país, se pueden encontrar mujeres de cabello cano y movimientos lentos, que reciben ayuda para comer, caminar y tomar sus medicamentos. Para algunas de ellas, este entorno representa una última esperanza de estabilidad en un mundo exterior que las ha abandonado.
Una vida más estable entre rejas
Akiyo, una mujer de 81 años, cumple condena por hurto de alimentos. Para ella, la cárcel no es un castigo, sino un refugio. “Quizá esta vida sea la más estable para mí”, afirma. En prisión, recibe tres comidas diarias, atención médica gratuita y compañía, lujos que no siempre puede permitirse fuera.
Su historia no es única. En 2022, más del 80% de las mujeres mayores encarceladas en Japón habían cometido robos menores. La mayoría de ellas lo hacen por necesidad: un 20% de los mayores de 65 años vive en la pobreza, según datos de la OCDE. Para quienes sobreviven con pensiones escasas, como Akiyo, el robo es una salida desesperada. “Tomé una mala decisión pensando que sería algo menor”, confiesa.
El problema trasciende lo económico. Muchas de estas mujeres enfrentan también el rechazo familiar y el aislamiento social. Ese abandono las lleva a perder la esperanza y, en algunos casos, a buscar en la cárcel el apoyo emocional y los cuidados que les faltan fuera. “Hay personas que vienen aquí porque tienen frío o hambre”, explica Takayoshi Shiranaga, guardia en Tochigi.
“Incluso hay gente que dice que pagaría para vivir aquí para siempre”.
Soluciones insuficientes
La transformación de las prisiones japonesas es evidente. Con una población carcelaria de adultos mayores que se ha cuadruplicado en dos décadas, el sistema penitenciario se ha adaptado para ofrecer servicios de cuidado a largo plazo. Los guardias cambian pañales, ayudan a los internos a bañarse y supervisan sus medicamentos. “Se siente más como un hogar de ancianos que como una prisión”, comenta Shiranaga.
Algunas internas, como Yoko, de 51 años, han adquirido certificaciones en cuidado de ancianos durante sus condenas y ahora ayudan a otras prisioneras mayores. Pero incluso con estos esfuerzos, el sistema enfrenta una demanda creciente de personal capacitado, en un país que necesitará 2.72 millones de cuidadores para 2040, según proyecciones del gobierno.
El gobierno japonés ha implementado programas para apoyar a los mayores en prisión y facilitar su reintegración, como centros comunitarios y beneficios de vivienda. Sin embargo, la eficacia de estas medidas es limitada. Megumi, otra guardia en Tochigi, subraya que el problema persiste por la falta de redes de apoyo. “Muchos no tienen a nadie que los cuide al salir y terminan regresando”, afirma.
Para personas como Akiyo, la prisión se convierte en una alternativa a la soledad y la inseguridad. Aunque cumplió su condena en octubre, la perspectiva de volver al mundo exterior la llena de temor. “Estar sola es muy difícil”, confiesa. Su caso es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Japón al intentar cuidar de su creciente población envejecida y marginada.
Como nos resulta increíble, confirmamos la noticia en otras fuentes
Toshio Takata, de 69 años, explica que infringió la ley porque era pobre. Quería un lugar donde vivir de forma gratuita, aunque fuera entre rejas. "Llegue a la edad de la jubilación y me quedé sin dinero. Así que se me ocurrió que quizás en la cárcel podría vivir gratis". "Agarré una bicicleta, la llevé a la comisaría de policía y le dije al hombre que había ahí: "Mira, robé esto"". El plan funcionó. Ese fue el primer delito de Takata, y lo cometió con 62 años. Los tribunales japoneses tratan los hurtos como algo serio, por lo que fue sentenciado a un año de cárcel. Pequeño, delgado y con tendencia a reirse, Takata no parece para nada un delincuente habitual, y mucho menos alguien capaz de amenazar a un grupo de mujeres con un cuchillo. Pero tras ser liberado de su primera sentencia, eso es exactamente lo que hizo. "Fui a un parque y las amenacé. No pretendía hacerles ningún daño. Solo les enseñé el cuchillo esperando que alguna de ellas llamara a la policía. Y una lo hizo." En total, Takata pasó la mitad de los últimos 8 años en la cárcel. Le pregunto si le gusta estar en la cárcel. Él me hace ver que cuenta con una entrada económica adicional: sigue cobrando la pensión aunque esté dentro. "No es que me guste, pero ahí puedo estar gratis", dice. "Y cuando salgo, tengo ahorrado algo de dinero. Así que no es tan grave".
La enorme sensibilidad humana del viceprimer ministro de Economía de Japón
En esta dinámica, en 2013, el viceprimer ministro de Economía, de 73 años, llegó a decir: «El problema de los gastos enormes que conlleva la tercera edad tan solo va a resolverse cuando los incitemos (a los ancianos) a darse prisa en morir». Así que, si no eres una especie de tesoro nacional viviente, una figura reverenciada o un ministro, el pelo se te vuelve blanco de golpe en cuanto escuchas las noticias.
No le preocupa la calidad de vida de sus conciudadanos, sino los enormes gastos.
El Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos funcionan gracias a los impuestos que pagamos l@s ciudadan@s. Es nuestra contribución al bien común, con nuestros pagos esperamos que se solucionen los problemas de sanidad, vivienda, educación, desigualdades sociales, etc. Pero parece que llegan malos tiempos para estos rubros: el secretario general de la OTAN reconoce públicamente que se necesitarán tijeretazos en partidas de pensiones, salud y sistemas de seguridad social.
La decisión la toma Trump
“Trump tiene razón”. “Para sobrevivir, Europa debe rearmarse”. “No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz”. Son mensajes que han transmitido durante los últimos días diferentes líderes europeos y representantes de la UE y de la OTAN. El regreso de Donald Trumpdeja muchos avisos en el Viejo Continente. Uno de los impactos que apenas se ha hecho esperar es la llamada de los países europeos más halcones con Rusia, principalmente los bálticos y el este, para redoblar el gasto en seguridad y defensa. El propio secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, reconoce que para ello será necesario aplicar recortes en otras partidas del pilar social.
La militarización de los impuestos y el gasto público será grandísima
Con respecto a la OTAN, Trump señaló que la necesidad de mantener el 5 % de gasto en Defensa en los presupuestos es prácticamente de obligado cumplimiento. Actualmente, el gasto al que estaban comprometidos los países miembros era del 2 %, un porcentaje que países como España no cumplían. Sin embargo, Trump ha condicionado la permanencia de su país en la alianza atlántica a que el gasto del resto de países alcance los 5 puntos porcentuales sobre los presupuestos generales de cada país.
Polonia, presidenta del Consejo Europeo marca la tónica
Tusk acudió a la ciudad gala para presentar lasprioridades de la Presidencia polaca del Consejo, que asume los mandos de la Unión Europea durante este mandato. La prioridad número uno de su agenda política es una: la seguridad. “Para sobrevivir, Europa tiene que armarse (...). Hay quien piensa que es una extravagancia o una maldad decir que deberíamos gastar hasta el 5% de nuestro PIB en cuestiones de seguridad, pero es que en los tiempos que corren Europa no puede permitirse ahorrar en seguridad. Yo soy el primer ministro de un país que está invirtiendo casi el 5 % en su seguridad y no lo hace únicamente en la suya propia, sino en la seguridad de toda Europa”, espetó ante los eurodiputados. “Es el momento para aumentar de forma radical nuestra inversión en defensa”, prosiguió.
Recordamos que otros datos económicos de Polonia son los siguientes:
Alrededor del 20 % de la población (7,3 millones de personas) todavía vive bajo la pobreza oficial,
el coeficiente de desigualdad Gini (donde 1 significa que todos los ingresos personales van a una persona), que era de 0,27 en 1990 en la Polonia comunista, ahora ha aumentado a 0,45, muy por encima del promedio de la UE.
Irene Montero le dice a Tusk que lo que hace es militarizar y optar por la guerra
“Ustedes dicen seguridad para no llamar las cosas por su nombre: guerra y militarización. Y es que usted hace lo que le exige la OTAN, que es que Europa debe sacar el dinero de las pensiones y de la sanidad para pagar las guerras de Estados Unidos. Lo que Europa necesita y lo que da seguridad es la paz, la democracia y los derechos. Con la guerra, la austeridad y su complicidad con los genocidas, ustedes están haciendo a Europa cada vez más débil. A quien harán más fuerte es a Estados Unidos y a la extrema derecha”. Eran las palabras que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, dedicaba esta semana en el Pleno de Estrasburgo al primer ministro polaco Donald Tusk.
Si no reducimos rápidamente las emisiones de carbono, en tan solo cinco años
habremos agotado la cantidad de carbono que podemos emitir sin desencadenar un
colapso climático. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) ha demostrado de forma clara que los países ricos con altas
emisiones y las grandes empresas contaminantes son los mayores responsables de la
creciente crisis climática.
La función de los países del Norte global en la crisis climática y su responsabilidad en
ella están bien documentados: se ha demostrado que, debido a su pasado histórico
y en varios casos colonial, los países clasificados por la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la categoría de “Anexo 1” (es
decir, los más industrializados) son responsables del 90 % del exceso de emisiones y,
los países del Norte global en concreto, del 92 %.
El papel de las grandes corporaciones en la crisis climática también está bien
documentado, en especial en el caso de las empresas de combustibles fósiles. Un estudio de alto nivel ha revelado que el 70 % de las emisiones industriales de carbono
desde 1998 tienen su origen en tan solo 100 empresas productoras de petróleo,
carbón y gas.
Los datos no engañan:
El 10 % más rico es responsable del 50 % de las emisiones
El 40 % intermedio es responsable del 43 % de las emisiones
El 50 % más pobre es responsable del 8 % de las emisiones
Pero, además, como muestra el gráfico de abajo, los muy ricos están contaminando a un mayor nivel que hace unos años:
Una investigación que analiza las emisiones derivadas de los hábitos de consumo
(las llamadas “emisiones por el estilo de vida”) de 20 milmillonarios (18 de ellos
hombres y todos blancos) ha revelado que cada uno de ellos genera, en promedio, más
de 8000 toneladas de CO2
en un solo año. Los propietarios de aviones privados son
mayoritariamente blancos, hombres de cierta edad (más de 50 años) que trabajan en la
banca, las finanzas y el sector inmobiliario.
Además, estos hombres blancos de más de 50 años son los que deciden sobre la leyes de reducción de emisiones, es decir: estamos condenados:
Así, no es extraño que un nuevo informe de las Naciones Unidas destaca que, a menos que se renueven los actuales sistemas financieros mundiales, los gobiernos de todo el mundo acabarán por incumplir sus compromisos de poner fin a la pobreza y luchar contra el cambio climático, recogidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Cambio climático y pobreza
Existen tres razones por las que los shocks climáticos y las catástrofes naturales agravan la desigualdad y provocan más pobreza:
En primer lugar, los países, regiones y personas más pobres tienden a estar más expuestos a los impactos del cambio climático y las catástrofes naturales que sus homólogos más ricos.
En segundo lugar, son ellos quienes pierden una mayor parte de su riqueza cuando los shocks climáticos golpean.
Y, en tercer lugar, dichas poblaciones disponen de menos recursos para hacer frente a los impactos negativos de los shocks climáticos.
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