Dado que existe pobreza, los Servicios Sociales son el principal recurso de las administraciones para luchar contra ella. Su estado de desarrollo, la legislación que las regula, los montos que la nutren y la disposición de suficiente personal para realizar los trabajos son claves para valorar su calidad. Pero, ¿cuál es la calidad de los Servicios Sociales en España?
Hoy recurrimos al informe "Valoración del desarrollo de los Servicios Sociales por Comunidades Autónomas. Informe de Desarrollo de Servicios Sociales. Índice DEC 2022" de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
A nivel Estatal lo han bautizado "Servicios Sociales: derechos de papel". Algunas de sus conclusiones más destacadas son las siguientes:
1.- DETERIORO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES.Las plazas residenciales públicas apenas aumentan desde 2019 (incremento porcentual de sólo 6 centésimas). Pero es sobre todo en los servicios domiciliarios (ayuda a domicilio, teleasistencia) y en los centros de estancias diurnas donde el deterioro de la oferta de servicios sociales para personas mayores es más acusado, lo que hace difícil que se puedan llevar a cabo las estrategias de desinstitucionalización que se están impulsando desde las Administraciones.
La AEDGSS considera que "Es prioritario desarrollar estos servicios para personas mayores, ya que sin ellos resulta imposible garantizar unos cuidados en su entorno cuando se encuentran en situaciones de dependencia, y sería arriesgado acometer estrategias de desinstitucionalización sin merma de su calidad de vida y la de sus familiares o personas cuidadoras".
Sin embargo, los aproximadamente 1.500 millones de euros de las Rentas Mínimas no se han destinado a esta finalidad. Muchas Comunidades han desmantelado sus RMI, y han dedicado sus recursos a otras partidas diferentes a los servicios sociales.
Estos datos demuestran, muy a las claras, que la pobreza persiste porque es una decisión política de unas comunidades (Madrid, a la cabeza), mientras que otras intentan resolver este problema (La Rioja es el mejor ejemplo).
El porcentaje del PIB que supone el gasto en servicios sociales públicos fue 1,82% en 2021, seis centésimas menos que hubieran supuesto casi 1.000 millones de euros más, de haberse mantenido el porcentaje del año anterior.
Aunque en 2021 la participación de las Comunidades Autónomas en la financiación del Sistema aumentó más de dos puntos, la tendencia desde 2012 es claramente decreciente: ese año suponía un 85,3%, y en 2022 un 71,8%, 14,5 puntos menos. Este retroceso se produce incluso teniendo en cuenta el incremento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia, que repercute en el presupuesto de las Comunidades. Lo que sugiere que algunas (11, según el Observatorio de la Dependencia), han utilizado ese incremento de financiación estatal para reducir sus propias aportaciones, en lugar de ofrecer más y mejores prestaciones y servicios a la ciudadanía.
Estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura de prestaciones y servicios en los diferentes territorios; estos son algunos ejemplos: El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (3.241) es casi cinco veces superior a Navarra (689). El % de plazas residenciales públicas para personas mayores es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,96%) que en Valencia (1,15%). La Comunidad de Madrid, con 8,96%, ofrece una cobertura 17 veces mayor de Ayuda a Domicilio que Extremadura (0,53%). Y mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación del IMI, Murcia los ha reducido un 62%.
El aspecto donde se ha logrado igualar a todas las Comunidades es que desde 2022 todas ellas cuentan con una Ley de Servicios Sociales de nueva generación, tras la aprobación de la ley de la Comunidad de Madrid.
