El 19 de enero de 2024 sacaba la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales un informe titulado:
Las Comunidades Autónomas reducen un 12,8% su gasto en Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital.
Primer problema: muchas Comunidades Autónomas han decidido reducir su gasto en Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital por parte del Estado.
La reducción ha sido del 12'8 % de media. Y muchas CC.AA. han preferido desviar estos recursos necesarios para la población más desfavorecida a otros ámbitos de gasto público.
Como puede verse en el siguiente cuadro, 13 Comunidades Autónomas han bajado su gasto en Rentas Mínimas de Inserción. 6 en un porcentaje escandaloso dejándolo en menos de la mitad (Murcia -PP-, Rioja -PP-, Castilla León -PP-, Castilla La Mancha -PSOE-, Madrid -PP- y Aragón -PP-); y Madrid -PP- (81'2 %) y Aragón -PP_- (84'5 %) dejándolo en casi nada.
La existencia de la pobreza y su tratamiento solidario es una opción política y lo demuestran las 4 Comunidades Autónomas que han subido su gasto en Rentas Mínimas de Inserción: Comunidad Valenciana -PP- (+10'8%), Cataluña -ERC- (+ 23'3 %), y especialmente los dos archipiélagos: Baleares -PP- (+87'3 %) y Canarias -CC- (+ 126'7 %).
Segundo problema: las ayudas de Rentas Mínimas de Inserción van a la baja
En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución del presupuesto anual destinado a Rentas Mínimas de Inserción por parte de la totalidad de las Comunidades Autónomas. Su tendencia era al alza desde 2011, pero en los dos últimos años contabilizados, 2021 y 2022 se ha producido una importante baja que se mantiene.
Tercer problema: además de ser insuficientes e ir a la baja, las ayudas de Rentas Mínimas de Inserción no llegan a quienes las necesitan
Pero las peores noticias son el porcentaje de personas que cubren las ayudas, muy inferior al necesario. La media de España es de una cobertura del 7'9 % en 2022 de las personas bajo el umbral de la pobreza. Muy, muy insuficiente. Y muy lejos de lo necesario, incluso en 2020, el año de la pandemia, en el que la cobertura fue del 8'7 %. Desde entonces se reduce.
Puede decirse que en Extremadura, Galicia, Baleares, Castilla y León, Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha la cobertura es insignificante.
Mientras, en Asturias y Cataluña, 1 de cada 5 ó 6 personas reciben ayuda. Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Canarias y La Rioja la cobertura es clarísimamente insuficiente.
Y, ni siquiera nos consuelan las cifras de las mayores coberturas donde se alcanza a poco más de la mitad: Navarra y País Vasco.
Cuarto problema: las cuantías medias por persona receptora son muy escasas
La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 13,9 % de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja y que se ha reducido dos puntos este último año.
También en este aspecto las diferencias entre Comunidades son extremas. Las que otorgan cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (33,6%); Canarias (18,3%); Asturias (17,2%), C. Valenciana (15,5%) y Extremadura (15,4%). Por el contrario, se encuentran Murcia (8,6%), Madrid (8,3%) y el caso más extremo, Aragón, donde la cuantías de sus RMI sólo representan el 2,5% de la renta media de los hogares de su territorio.
