En el artículo anterior: "Cuatro problemas graves con las Rentas Mínimas de Inserción de las Comunidades Autónomas" explicábamos que no funcionan como se desearía dado que:
- Muchas Comunidades Autónomas han decidido reducir su gasto en Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital por parte del Estado. Entre las que más han reducido su gasto en RMI está la Comunidad de Madrid en un 81'22 %.
2.- Las Rentas Mínimas de Inserción se dotan, últimamente a la baja
(La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es una Autoridad Administrativa Independiente (AAI) con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas y que actúa de forma objetiva, transparente e imparcial. Empezó a funcionar en 2014. La AIReF tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo. Su misión es garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, el endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. En 2021 incorporó la evaluación del gasto público como una de sus funciones permanentes, con el objetivo de ayudar al desarrollo de políticas más eficaces y eficientes en favor de los ciudadanos).
Gran discrepancia de datos entre AIReF y la Seguridad Social
La realidad es que los datos de la AIReF de dicho informe no coinciden con los del ministerio publicados este jueves. El organismo dirigido por Cristina Herrero cifró en 284.000 los hogares beneficiados en diciembre de 2022, mientras que Seguridad Social cuenta 406.635 en la misma fecha. En cuanto al gasto, el ministerio informa de un desembolso de 2.693 millones en diciembre de 2022, mientras que la AIReF detectó solo 1.900 millones.
Según fuentes ministeriales, la discrepancia se debe a que los datos de Seguridad Social incluyen también a quienes perciben el CAPI, un complemento para la infancia que forma parte del IMV, pero se puede conceder de manera independiente. De hecho, esto sucede porque tiene unos umbrales de renta y patrimonio más saltos, por lo que hay beneficiarios que sobrepasan el IMV, pero sí tienen derecho al CAPI.