Madrid es la región más rica y la menos solidaria con la pobreza

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Los datos sobre el total del gasto

Desde que en verano de 2020 entró en vigor el Ingreso Mínimo Vital, la Comunidad de Madrid ha aprovechado para reducir drásticamente la partida de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que entonces era de 166,9 millones. 

Durante el año 2023, además, de los 40 millones presupuestados, solo se gastaron 8.658.370 euros, lo que representa una fracción mínima de los fondos disponibles. 

Peor aún es la situación de este 2024, donde la inversión hasta marzo ha sido de apenas 486.769 euros, lo que proyecta un gasto anual muy por debajo de los 15 millones presupuestados para este período.

Los datos sobre el número de perceptoras

Solo 1.122 personas fueron perceptoras de la renta mínima en el mes de marzo. Una cifra ínfima en comparación con los más de 37.000 beneficiarios que existían en años anteriores a la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), 2020.

La cuantía de la RMI

El incumplimiento de promesas por parte del Gobierno regional agrava aún más la situación. En septiembre de 2022, el Ejecutivo de Ayuso se comprometió a aumentar la cuantía de la renta mínima hasta un 40%, equiparándola al IMV. 

Sin embargo, la realidad es que la media de esta ayuda sigue sin apenas superar los 400 euros mensuales, siendo la más baja de toda España. 

Consecuencias:  la RMI en peligro de extinción

Este panorama refleja una realidad preocupante. Como ha denunciado la diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid se encuentra en un estado de extinción total. La falta de compromiso político y la gestión ineficiente de los recursos precisamente para atender las necesidades de las personas más vulnerables son características de una política social que, a su juicio, prioriza otros intereses por encima del bienestar de la ciudadanía.

La región más rica es la más insolidaria

De nada sirve ser la región más rica si no se apoya a quien más lo necesita. Ayuso no tiene palabra ni corazón", lamenta Morales.

Se aprovecha la existencia de dos prestaciones contra la pobreza para que no se pueda acceder a ninguna

La EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza)  afirma que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), de competencia estatal, podría haber sido aprovechado para hacer complementarias ambas prestaciones, con una modificación normativa de la RMI en Madrid. En estos momentos, en cambio, ambas prestaciones son incompatibles. "Esta situación dificulta la ejecución de los programas de integración que se desarrollan desde las entidades sin ánimo de lucro", señala la organización.

"Otro dato que nos falta es el número de personas que no están recibiendo ninguna de las dos prestaciones porque tienen suspendida la RMI por estar pendientes de resolver su expediente de IMV. La complementariedad entre ambas prestaciones vendría de apoyar cuestiones fundamentales en nuestra comunidad como el apoyo al alquiler para poder garantizar una vida digna", argumentan las mismas fuentes.

La opinión de Ayuso

(Ojo, personas sensibles)

El Ingreso Mínimo Vital no llega al 58 % de sus potenciales beneficiarios

 

En el artículo anterior:  "Cuatro problemas graves con las Rentas Mínimas de Inserción de las Comunidades Autónomas" explicábamos que no funcionan como se desearía dado que:

1. Muchas Comunidades Autónomas han decidido reducir su gasto en Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital por parte del Estado.  Entre las que más han reducido su gasto en RMI está la Comunidad de Madrid en un 81'22 %.

2.-  Las Rentas Mínimas de Inserción se dotan, últimamente a la baja

3.-  Las RMI no llegan a quienes lo necesitan

4.-  Las cuantías medias por persona son muy escasas.

Para completar el panorama hoy nos hacemos eco de una información que INFOBAE titula:  "El Gobierno reconoce que el 58 % de los potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) no lo solicita, pero llega a 557.405 hogares en febrero".

Mala noticia, aunque quizá aún sea peor el reconocimiento de que no se han hecho cálculos oficiales de cuántas personas deberían recibirlo.  Sin este dato básico es imposible conocer la realidad de la pobreza en España y, por lo tanto, es imposible diseñar medidas adecuadas.

Según la nueva estadística, 557.405 hogares han cobrado el IMV en febrero de 2024, lo que traduce en llegar a un total de 1.669.361 personas porque esta prestación no contributiva se concede por unidad familiar.  La cifra de beneficiarios ha aumentado un 28,13% en comparación con el año anterior y, según la serie reconstruida por el ministerio, ha experimentado un fuerte repunte tras el refuerzo de las campañas informativas, como el autobús que ha ido recorriendo todas las provincias y la colaboración con organizaciones sociales como Cáritas y Cruz Roja.

Fuentes del ministerio se limitan a señalar y a reconocer el segundo informe de la AIReF sobre el IMV, que estima que el 58% de los hogares que podrían recibir la renta mínima estatal en 2022 (469.000) no lo hacía porque no la solicita. 

(La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es una Autoridad Administrativa Independiente (AAI) con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas y que actúa de forma objetiva, transparente e imparcial.  Empezó a funcionar en 2014.  La AIReF tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo.  Su misión es garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, el endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. En 2021 incorporó la evaluación del gasto público como una de sus funciones permanentes, con el objetivo de ayudar al desarrollo de políticas más eficaces y eficientes en favor de los ciudadanos).

Gran discrepancia de datos entre AIReF y la Seguridad Social

La realidad es que los datos de la AIReF de dicho informe no coinciden con los del ministerio publicados este jueves. El organismo dirigido por Cristina Herrero cifró en 284.000 los hogares beneficiados en diciembre de 2022, mientras que Seguridad Social cuenta 406.635 en la misma fecha. En cuanto al gasto, el ministerio informa de un desembolso de 2.693 millones en diciembre de 2022, mientras que la AIReF detectó solo 1.900 millones.

Según fuentes ministeriales, la discrepancia se debe a que los datos de Seguridad Social incluyen también a quienes perciben el CAPI, un complemento para la infancia que forma parte del IMV, pero se puede conceder de manera independiente. De hecho, esto sucede porque tiene unos umbrales de renta y patrimonio más saltos, por lo que hay beneficiarios que sobrepasan el IMV, pero sí tienen derecho al CAPI.

Cuatro problemas graves con las Rentas Mínimas de Inserción de las Comunidades Autónomas

El 19 de enero de 2024 sacaba la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales un informe titulado:  

Las Comunidades Autónomas reducen un 12,8% su gasto en Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital.

Primer problema:  muchas Comunidades Autónomas han decidido reducir su gasto en Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital por parte del Estado.

La reducción ha sido del 12'8 % de media.  Y muchas CC.AA. han preferido desviar estos recursos necesarios para la población más desfavorecida a otros ámbitos de gasto público.

Como puede verse en el siguiente cuadro, 13 Comunidades Autónomas han bajado su gasto en Rentas Mínimas de Inserción.  6 en un porcentaje escandaloso dejándolo en menos de la mitad (Murcia -PP-, Rioja -PP-, Castilla León -PP-, Castilla La Mancha -PSOE-, Madrid -PP- y Aragón -PP-);  y Madrid -PP- (81'2 %) y Aragón -PP_- (84'5 %) dejándolo en casi nada.

La existencia de la pobreza y su tratamiento solidario es una opción política y lo demuestran las 4 Comunidades Autónomas que han subido su gasto en Rentas Mínimas de Inserción:  Comunidad Valenciana -PP- (+10'8%), Cataluña -ERC- (+ 23'3 %), y especialmente los dos archipiélagos:  Baleares -PP- (+87'3 %) y Canarias -CC- (+ 126'7 %).

Segundo problema:  las ayudas de Rentas Mínimas de Inserción van a la baja

En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución del presupuesto anual destinado a Rentas Mínimas de Inserción por parte de la totalidad de las Comunidades Autónomas.  Su tendencia era al alza desde 2011, pero en los dos últimos años contabilizados, 2021 y 2022 se ha producido una importante baja que se mantiene.

Tercer problema:  además de ser insuficientes e ir a la baja, las ayudas de Rentas Mínimas de Inserción no llegan a quienes las necesitan

Pero las peores noticias son el porcentaje de personas que cubren las ayudas, muy inferior al necesario.  La media de España es de una cobertura del 7'9 % en 2022 de las personas bajo el umbral de la pobreza.  Muy, muy insuficiente.  Y muy lejos de lo necesario, incluso en 2020, el año de la pandemia, en el que la cobertura fue del 8'7 %.  Desde entonces se reduce.

Puede decirse que en Extremadura, Galicia, Baleares, Castilla y León, Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha la cobertura es insignificante.  

Mientras, en Asturias y Cataluña, 1 de cada 5 ó 6 personas reciben ayuda.  Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Canarias y La Rioja la cobertura es clarísimamente insuficiente.  

Y, ni siquiera nos consuelan las cifras de las mayores coberturas donde se alcanza a poco más de la mitad:  Navarra y País Vasco.

Cuarto problema:  las cuantías medias por persona receptora son muy escasas

La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 13,9 % de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja y que se ha reducido dos puntos este último año.  

También en este aspecto las diferencias entre Comunidades son extremas. Las que otorgan cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (33,6%); Canarias (18,3%); Asturias (17,2%), C. Valenciana (15,5%) y Extremadura (15,4%). Por el contrario, se encuentran Murcia (8,6%), Madrid (8,3%) y el caso más extremo, Aragón, donde la cuantías de sus RMI sólo representan el 2,5% de la renta media de los hogares de su territorio.