La pobreza en España se enquista

Del fracaso español de la lucha contra la pobreza...

En la anterior entrada "Fracasa la lucha contra la pobreza en España" defendíamos, basándonos en los datos de la Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 2024-2030, que la lucha contra la pobreza del anterior plan había fracasado ya que:

• En España se ha subido desde el 26'0 % al 26'5 % la tasa AROPE general.  No sólo no se ha quitado gente de la pobreza, sino que se han sumado a ella y, por lo tanto, nos hemos alejado mucho del porcentaje del 20'2 % deseable para 2030.
• En la población de menos de 18 años los datos son igualmente penosos:  se ha pasado del 32'2 % de tasa AROPE al 34'5 % de tasa AROPE.  Alejándose mucho de la meta del 22'7 % marcada para 2030.

... al éxito español por enquistar la pobreza

En la página 77 de la nueva Estrategia Nacional se empieza a hablar del impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza.  Se afirman 2 cosas:  que se consiguió amortiguar el impacto negativo (el sufrimiento) de la pobreza y que se redujeron los datos de pobreza.

Muy de acuerdo con la primera afirmación.  Las tasas de pobreza bajaron gracias a cobrar la aportación del Estado.

Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con la idea de que estas ayudas bajaron la tasa de pobreza.  L@s pobres lo siguieron siendo y el año siguiente siguieron necesitando la ayuda para sobrevivir y para ser considerados como que abandonaban la zona de pobreza y exclusión social.

Si el enfoque triunfalista tuviera razón, el 44'3 % de pobreza de 2019 que tras las ayudas bajó contablemente al 20'7 %, en el año 2020 deberían haber sido este 20'7 % los reconocidos dentro de la tasa de pobreza antes de las transferencias sociales.  Y el propio gobierno nos dice que fueron un 43'9 %.

Sin embargo, sólo hubo una variación del -0'4 %.  Esto es lo que realmente disminuyó la pobreza.

Y tras los 5 años de transferencias sociales la pobreza bajó del 44'3 % al 42'6 %.  Un pequeño -1'7 %, de agradecer, pero que supone una media de - 0'4 % anual.

Los mismos razonamientos nos valen para la pobreza severa, cuyos datos están en el siguiente gráfico.  En este caso, la pobreza severa bajó de 2019 a 2023 un 2'4 %.  Muy lejos de lo necesario y lejísimos de lo que el gobierno pretende demostrar jugando con los datos y haciendo trucos contables que guardan poco respeto con la gravedad de las situaciones que viven much@s español@s.

Fracasa la lucha contra la pobreza en España

 Fracasa la lucha contra la pobreza en España

Los compromisos de España con la tasa AROPE para 2030

En marzo de 2021 la Comisión Europea presentó el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Este Plan contempla objetivos globales para la UE y objetivos nacionales que deben cumplirse para el año 2030.

España fue uno de los primeros países en enviar sus objetivos nacionales a primeros de 2022, y uno de los países en fijar objetivos más ambiciosos. Así, el compromiso de España es reducir la tasa AROPE en la población general en 6,05 puntos porcentuales para llegar a una tasa del 20,2% en 2030. 

En la población infantil, el objetivo es reducir la tasa AROPE 8,6 puntos porcentuales para llegar a una tasa del 22,7% en 2030. 

Esto implica que deberían salir de la pobreza o exclusión social, al menos, 2.815.790 personas, de las cuales 713.033 deberían ser niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, partiendo de una línea de base de 2.595.000 NNA (niños, niñas y adolescentes). 

Los resultados en 2024

Datos de:  Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 2024-2030  Los datos no pueden ser peores.  En España se ha subido desde el 26'0 % al 26'5 % la tasa AROPE general.  No sólo no se ha quitado gente de la pobreza, sino que se han sumado a ella y, por lo tanto, nos hemos alejado mucho del porcentaje del 20'2 % deseable para 2030.

En la población de menos de 18 años los datos son igualmente penosos:  se ha pasado del 32'2 % de tasa AROPE al 34'5 % de tasa AROPE.  Alejándose mucho de la meta del 22'7 % marcada para 2030.

Una mirada "histórica" de más profundidad, teniendo en cuenta los datos hasta 2015, nos muestra en el gráfico 41 que en estos 9 años la situación en la población total ha mejorado 2'2 puntos porcentuales.  A una media de 0'24 puntos porcentuales por año.  A ese ritmo de "mejora" tardaríamos en llegar al 20'2 % un total de 26 años, es decir, en 2049.

En la población de menores de 18 años, en cambio, la situación ha empeorado 0'5 puntos porcentuales.  Con estas cifras no serían posible cumplir nunca el objetivo del 22'7% previsto para 2030.  Estos datos de población infantil equivalen a 2.768.316 niños y niñas en pobreza.

Estos datos parecen indicar una conclusión contundente:  la lucha contra la pobreza fracasa.

La tasa de pobreza española comparándola con los países de Europa

España sigue mostrando indicadores de pobreza y exclusión social en niños, niñas y adolescentes sustantivamente más altos que la media europea. Como indica el gráfico 40, en 2023, el 24,8 % de los niños (menores de 18 años) de la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 20,6 % de los adultos (mayores de 18 años). España alcanza la segunda tasa más elevada (34,5%) de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía (39,0 %).

Prevención de la pobreza: Estrategia Nacional 2024-2030

 Prevención de la pobreza:  Estrategia Nacional

Los ministros Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) y Sira Rego (Juventud e Infancia) han presentado este jueves, 9 de enero de 2025, la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, que fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. 

Se trata de un plan que, tal y como se ha detallado en la presentación, constituye la hoja de ruta que el Gobierno seguirá en los próximos años para que España reduzca su porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social. 

A pesar de que este indicador ha mejorado en los últimos años en nuestro país, en 2023 seguía estando cinco puntos por encima de la media europea (26,5% frente a 21,3%), y es aún más preocupante, han alertado Bustinduy y Rego, si miramos la tasa de pobreza infantil, donde el porcentaje (34,5%) era casi diez puntos más que el promedio europeo (24,8 %).

En base a estas cifras, ambos ministros han defendido que España adopte una Prestación Universal por Crianza. Una propuesta de Pablo Bustinduy que se está negociando en los próximos Presupuestos Generales del Estado y que, según él mismo ha señalado, supondrá un “elemento central” para rectificar los “inaceptables datos de pobreza infantil con los que convivimos” y para “reflejar el compromiso de este Gobierno con las familias y los derechos de la infancia”.

Además de la Prestación Universal por Crianza, Pablo Bustinduy ha destacado también la necesidad de intervenir “de forma urgente” el mercado de la vivienda. “Es insostenible que casi el 40% de los hogares que viven en alquiler destinen a la vivienda más del 40% de su renta”, ha dicho el ministro para subrayar que el precio de la vivienda es ya uno de los principales factores de pobreza en España.

Por su parte, Sira Rego ha subrayado que la pobreza infantil es “una de las mayores heridas sociales de España”, lamentando que afecta al 33% de niñas y niños. “El futuro de la infancia que vive en nuestro país no puede depender del código postal o del azar de nacer en una familia u otra”, ha manifestado la ministra, quien ha defendido la necesidad de un Pacto de Estado contra la pobreza infantil “para romper el ciclo de desigualdad estructural” y para garantizar a las niñas y a los niños derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda. “No combatir esta situación es hipotecar el futuro de nuestras niñas y niños y, con ello, el futuro de nuestra sociedad”, ha concluido la ministra, pidiendo a todas las fuerzas políticas que apoyen este compromiso de Estado.

En nuevos capítulos analizaremos más detalladamente el documento.

¿Nuestros ancianos acabarán en la cárcel?

 ¿Nuestros ancianos acabarán en la cárcel?

La pobreza es un mal extendido por todas las sociedades humanas.  La soledad puede ser deseada o puede llegar a convertirse en la expresión del abandono social.  Si juntas pobreza y soledad no deseada el mundo se hunde.

Hoy nos hacemos eco de una noticia aterradora:  la pobreza y la soledad llevan a cientos de ancianos a buscar en la cárcel estabilidad, compañía y atención médica gratuita.

El mundo desarrollado lleva mucho tiempo aumentando su esperanza de vida.  ¿Nos hemos preocupado de igual manera en desarrollar las instituciones, medios y cuidados necesarios para contar con una población envejecida?  ¿Podrían nuestros mayores colaborar de algunas formas con la sociedad para devolver algo de lo que reciben o sólo hay que dejarlos de lado?  

Que la compañía sea un lujo al igual que la alimentación, la sanidad o la vivienda nos ha de dar que pensar.  Y sobre todo, ha de fijar la orientación de nuestras líneas de acción política.  ¿Qué lógica tiene que nuestros mayores busquen la delincuencia para poder estar atendidos en la cárcel?  

La soledad y la pobreza en Japón

Japón, conocido por su longevidad y bajos índices de natalidad, enfrenta un fenómeno social inesperado. Y es que, aunque pueda parecer sorprendente, cada vez más personas mayores eligen cometer delitos menores para ingresar en prisión. Este comportamiento, lejos de responder a tendencias delictivas habituales, pone de manifiesto problemas más profundos como el aislamiento social, la pobreza y un sistema de bienestar que, para muchos, resulta insuficiente.

En las prisiones japonesas, el envejecimiento de la población carcelaria es un reflejo del envejecimiento de la sociedad en general. Entre los muros de la cárcel de mujeres de Tochigi, la más grande del país, se pueden encontrar mujeres de cabello cano y movimientos lentos, que reciben ayuda para comer, caminar y tomar sus medicamentos. Para algunas de ellas, este entorno representa una última esperanza de estabilidad en un mundo exterior que las ha abandonado.

Una vida más estable entre rejas

Akiyo, una mujer de 81 años, cumple condena por hurto de alimentos. Para ella, la cárcel no es un castigo, sino un refugio. “Quizá esta vida sea la más estable para mí”, afirma. En prisión, recibe tres comidas diarias, atención médica gratuita y compañía, lujos que no siempre puede permitirse fuera.

Su historia no es única. En 2022, más del 80% de las mujeres mayores encarceladas en Japón habían cometido robos menores. La mayoría de ellas lo hacen por necesidad: un 20% de los mayores de 65 años vive en la pobreza, según datos de la OCDE. Para quienes sobreviven con pensiones escasas, como Akiyo, el robo es una salida desesperada. “Tomé una mala decisión pensando que sería algo menor”, confiesa.

El problema trasciende lo económico. Muchas de estas mujeres enfrentan también el rechazo familiar y el aislamiento social. Ese abandono las lleva a perder la esperanza y, en algunos casos, a buscar en la cárcel el apoyo emocional y los cuidados que les faltan fuera. “Hay personas que vienen aquí porque tienen frío o hambre”, explica Takayoshi Shiranaga, guardia en Tochigi.

“Incluso hay gente que dice que pagaría para vivir aquí para siempre”.

Soluciones insuficientes

La transformación de las prisiones japonesas es evidente. Con una población carcelaria de adultos mayores que se ha cuadruplicado en dos décadas, el sistema penitenciario se ha adaptado para ofrecer servicios de cuidado a largo plazo. Los guardias cambian pañales, ayudan a los internos a bañarse y supervisan sus medicamentos. “Se siente más como un hogar de ancianos que como una prisión”, comenta Shiranaga.

Algunas internas, como Yoko, de 51 años, han adquirido certificaciones en cuidado de ancianos durante sus condenas y ahora ayudan a otras prisioneras mayores. Pero incluso con estos esfuerzos, el sistema enfrenta una demanda creciente de personal capacitado, en un país que necesitará 2.72 millones de cuidadores para 2040, según proyecciones del gobierno.

El gobierno japonés ha implementado programas para apoyar a los mayores en prisión y facilitar su reintegración, como centros comunitarios y beneficios de vivienda. Sin embargo, la eficacia de estas medidas es limitada. Megumi, otra guardia en Tochigi, subraya que el problema persiste por la falta de redes de apoyo. “Muchos no tienen a nadie que los cuide al salir y terminan regresando”, afirma.

Para personas como Akiyo, la prisión se convierte en una alternativa a la soledad y la inseguridad. Aunque cumplió su condena en octubre, la perspectiva de volver al mundo exterior la llena de temor. “Estar sola es muy difícil”, confiesa. Su caso es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Japón al intentar cuidar de su creciente población envejecida y marginada.

Como nos resulta increíble, confirmamos la noticia en otras fuentes

Toshio Takata, de 69 años, explica que infringió la ley porque era pobre.  Quería un lugar donde vivir de forma gratuita, aunque fuera entre rejas.  "Llegue a la edad de la jubilación y me quedé sin dinero.  Así que se me ocurrió que quizás en la cárcel podría vivir gratis".  "Agarré una bicicleta, la llevé a la comisaría de policía y le dije al hombre que había ahí:  "Mira, robé esto"".  El plan funcionó.  Ese fue el primer delito de Takata, y lo cometió con 62 años.  Los tribunales japoneses tratan los hurtos como algo serio, por lo que fue sentenciado a un año de cárcel.  Pequeño, delgado y con tendencia a reirse, Takata no parece para nada un delincuente habitual, y mucho menos alguien capaz de amenazar a un grupo de mujeres con un cuchillo.  Pero tras ser liberado de su primera sentencia, eso es exactamente lo que hizo.  "Fui a un parque y las amenacé.  No pretendía hacerles ningún daño.  Solo les enseñé el cuchillo esperando que alguna de ellas llamara a la policía.  Y una lo hizo."  En total, Takata pasó la mitad de los últimos 8 años en la cárcel.  Le pregunto si le gusta estar en la cárcel.  Él me hace ver que cuenta con una entrada económica adicional:  sigue cobrando la pensión aunque esté dentro.  "No es que me guste, pero ahí puedo estar gratis", dice.  "Y cuando salgo, tengo ahorrado algo de dinero.  Así que no es tan grave".

La enorme sensibilidad humana del viceprimer ministro de Economía de Japón

En esta dinámica, en 2013, el viceprimer ministro de Economía, de 73 años, llegó a decir: «El problema de los gastos enormes que conlleva la tercera edad tan solo va a resolverse cuando los incitemos (a los ancianos) a darse prisa en morir». Así que, si no eres una especie de tesoro nacional viviente, una figura reverenciada o un ministro, el pelo se te vuelve blanco de golpe en cuanto escuchas las noticias. 

No le preocupa la calidad de vida de sus conciudadanos, sino los enormes gastos.

¿Caminan hacia allá los políticos europeos?

 Los más ricos están consumiendo el planeta

Si no reducimos rápidamente las emisiones de carbono, en tan solo cinco años habremos agotado la cantidad de carbono que podemos emitir sin desencadenar un colapso climático. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha demostrado de forma clara que los países ricos con altas emisiones y las grandes empresas contaminantes son los mayores responsables de la creciente crisis climática.

La función de los países del Norte global en la crisis climática y su responsabilidad en ella están bien documentados: se ha demostrado que, debido a su pasado histórico y en varios casos colonial, los países clasificados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la categoría de “Anexo 1” (es decir, los más industrializados) son responsables del 90 % del exceso de emisiones y, los países del Norte global en concreto, del 92 %.

El papel de las grandes corporaciones en la crisis climática también está bien documentado, en especial en el caso de las empresas de combustibles fósiles. Un estudio de alto nivel ha revelado que el 70 % de las emisiones industriales de carbono desde 1998 tienen su origen en tan solo 100 empresas productoras de petróleo, carbón y gas.

Los datos no engañan:

• El 10 % más rico es responsable del 50 % de las emisiones

• El 40 % intermedio es responsable del 43 % de las emisiones

• El 50 % más pobre es responsable del 8 % de las emisiones

Pero, además, como muestra el gráfico de abajo, los muy ricos están contaminando a un mayor nivel que hace unos años:

Una investigación que analiza las emisiones derivadas de los hábitos de consumo (las llamadas “emisiones por el estilo de vida”) de 20 milmillonarios (18 de ellos hombres y todos blancos) ha revelado que cada uno de ellos genera, en promedio, más de 8000 toneladas de CO2 en un solo año.  Los propietarios de aviones privados son mayoritariamente blancos, hombres de cierta edad (más de 50 años) que trabajan en la banca, las finanzas y el sector inmobiliario.

Además, estos hombres blancos de más de 50 años son los que deciden sobre la leyes de reducción de emisiones, es decir:  estamos condenados:

Así, no es extraño que un nuevo informe de las Naciones Unidas destaca que, a menos que se renueven los actuales sistemas financieros mundiales, los gobiernos de todo el mundo acabarán por incumplir sus compromisos de poner fin a la pobreza y luchar contra el cambio climático, recogidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Cambio climático y pobreza

Existen tres razones por las que los shocks climáticos y las catástrofes naturales agravan la desigualdad y provocan más pobreza:

• En primer lugar, los países, regiones y personas más pobres tienden a estar más expuestos a los impactos del cambio climático y las catástrofes naturales que sus homólogos más ricos. 

• En segundo lugar, son ellos quienes pierden una mayor parte de su riqueza cuando los shocks climáticos golpean. 

• Y, en tercer lugar, dichas poblaciones disponen de menos recursos para hacer frente a los impactos negativos de los shocks climáticos.  

Además, el cambio climático impacta en la pobreza de las siguientes maneras:

• Empujará a más de 130 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años, deshaciendo los avances en desarrollo logrados con tanto esfuerzo.

• Obligará a 200 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para 2050.

Criterios objetivos para evaluar las políticas municipales contra la pobreza

En nuestra primera entrada del año 2025 volvemos a un tema que ya habíamos tratado:  la triste clasificación reincidente de Leganés como Ayuntamiento pobre en Servicios Sociales.  Hoy vamos a profundizar un poco más en la noticia para ver sus implicaciones.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado, por séptimo año consecutivo, un detallado análisis de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de “Servicios Sociales y Promoción Social” (Funcional 23 de su contabilidad) con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2022 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

Criterios para cada categoría

Nos parece muy importante que publiquen los criterios en los que se basan sus afirmaciones.  Conocerlos por parte de las ONGs es una forma de ejercer una ciudadanía responsable y crítica con las acciones de sus ayuntamientos.  Como los criterios, además, están cuantificados se da a la ciudadanía y a los ayuntamientos un horizonte al que llegar para que sus políticas sean evaluadas positivamente.  Esto ayuda a situar el debate sobre la atención digna a la pobreza dentro de parámetros evaluables y no de simples conjeturas y opiniones.

Los criterios que han utilizado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales son los siguientes:

I. Criterio de Suficiencia Económica:  haber acreditado un Gasto Liquidado en “Servicios Sociales y Promoción Social” (funcional 23) durante el año 2022 superior a 151,31 € habitante/año, equivalentes al 160% de la mediana de gasto nacional de 64,57 €.

II. Criterio de Incremento Económico:  que la Liquidación del Presupuesto de Gasto 2022 en “Servicios Sociales y Promoción Social” (23) no se haya reducido respecto a la Liquidación del gasto social en 2021. 

III. Criterio de Esfuerzo Inversor:  que el Gasto Social (23) Liquidado en 2022, represente al menos un 10% del Presupuesto Total No Financiero liquidado por el Ayuntamiento en 2022. 

IV. Criterio de Transparencia Financiera:  que permita cotejar en el portal de Transparencia de la Web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto imputado a la funcional 23 “Servicios Sociales y Promoción Social”.  

La mediana de Gasto/habitante liquidado 2022 fue de 94,57 €/h, y con el 60% de esa mediana de Gasto de 56,74 €/hab, 37 ayuntamientos son oficialmente pobres en el gasto que dedican a sus Servicios Sociales.

Ayuntamientos en excelencia social 2022 

El excelente e interesantísimo trabajo realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también nos expone ejemplos positivos hacia los que orientar las políticas:  son los Ayuntamientos que alcanzan niveles de Excelencia Social.  Esto nos deja claro, una vez más, que la atención a la pobreza es una opción política que depende de la voluntad de los ediles y de los partidos políticos.  Si se quiere, se puede.

Aunque existen estos modelos positivos, hemos de resaltar que son muy escasos, sólo atienden al 11'2 % de los 30'57 millones de habitantes que tienen los municipios de más de 20.000 habitantes.  Y, además, la cifra baja.

Sólo 37 Ayuntamientos alcanzan los niveles de Excelencia Social fijados en el estudio, apenas el 9,16% de los 404 municipios españoles mayores de 20.000 habitantes sobre los que se realiza el estudio económico. 

Cifra que baja considerablemente de los 57 de la 6ª Edición 2021, al haberse incrementado este año el nivel del gasto social para ser merecedor del reconocimiento al 160% de la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los Ayuntamientos hasta alcanzar una inversión mínima de 151,31 € por habitante/año. 

Sólo 3,4 millones de habitantes pueden sentirse beneficiados de unos Ayuntamientos que ponen a disposición de sus Servicios Sociales una inversión económica de Excelencia, lo que apenas representa el 11,20% de los 30,57 millones de habitantes que residen en España en municipios mayores de 20.000 habitantes (urbanos). 

El perfil medio de estas poblaciones urbanas en excelencia social se sitúa en ciudades medias con una población de 36.500 habitantes, debiendo destacarse que únicamente tres capitales de provincia (Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Granada) alcanzan criterios de excelencia social en la 7ª Edición.

La Mediana de Gasto efectuada por el conjunto de Ayuntamientos se sitúa en esta edición en 94,57 €/habitante, lo que representa un aumento del 6,43% respecto al ejercicio 2021, habiéndose realizado por el conjunto de Ayuntamientos un Gasto en Servicios Sociales superior a los 3.691 Millones €, un 10% más que en el ejercicio precedente.

La Comunidad Autónoma que aporta un mayor número de Ayuntamientos con un inversión económica en Excelencia vuelve a ser Andalucía con 16 Ayuntamientos, por la considerable incidencia económica del servicio de ayuda a domicilio del sistema de la dependencia gestionado por las Entidades Locales andaluzas, seguida de Cataluña con 6, la Comunidad Valenciana con 4, País Vasco con 3, Baleares y Canarias con 2, y Aragón, Castilla La Mancha, Galicia, y Murcia con 1; no alcanzando representación en el ranking Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Navarra y Madrid.

II.- Corporaciones excelentes que han logrado elevar su gasto social un 60 % durante su mandato 2019-2022 

Habiendo tomado posesión el verano pasado las nuevas Corporaciones Locales 2023-2026, en esta 7ª Edición se quiere reconocer el esfuerzo de todas las Corporaciones Locales españolas que han tenido que hacer frente a una situación tan difícil con la gestión de la COVID-19.  En general, el conjunto de las Corporaciones Locales españolas ha impulsado el Gasto Social en su Ayuntamiento, como premisa para elevar la calidad y cantidad de servicios ofrecidos a la ciudadanía.  Así lo hicieron al reflejar el gasto presupuestario liquidado de los últimos 4 ejercicios, que se incrementó en un 17% hasta alcanzar los 3.691 Mill €.

No obstante, algunas de esas Corporaciones Locales han conseguido casi una proeza, al reunir los criterios de excelencia social en 2022 (en la que precisa una inversión social mínima de 151,31 €), además de elevar la inversión social durante los cuatro años de su mandato en más de 60%. 

Sólo 8 Ayuntamientos en el conjunto del país han conseguido incrementar la inversión social efectuada con anterioridad a su mandato en más de un 60%, ya sea por la modestia de la inversión inicial como Nerja, o como en la mayoría de los restantes por partir de una elevada inversión cercana a los 100 €/hab. que ha mejorado notablemente, o incluso llegado a duplicarse o triplicarse.

III.- 37 Ayuntamientos pobres en servicios sociales en 2022

En el otro extremo de las elecciones políticas se encuentran los ayuntamientos que buscan mantener la pobreza entre sus conciudadanos.  Penosamente, Leganés se encuentra entre ellos, lo cual supone que no cumple los criterios de los que se habla al principio del artículo.  ¿Por qué?  Por decisión de los políticos que rigen el ayuntamiento.

En analogía con lo que las estadísticas de la UE consideran la pobreza de las personas (aquellas que obtienen ingresos inferiores al 60% de la mediana de la renta de las personas del país), podemos considerar igualmente pobres en Servicios Sociales a aquellos Ayuntamientos que realizan una inversión inferior al 60% de la mediana de gasto de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes durante el ejercicio 2022.  

Para obtener el listado de Ayuntamientos “pobres” en servicios sociales se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

✓ Muestra:  ayuntamientos con población mayor de 20.000 habitantes que han remitido la Liquidación del Presupuestos 2022 al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y que ha sido hecha pública por éste en su portal web a fecha 30/11/2023. 

✓ Gasto:  se ha considerado el gasto social del presupuesto consolidado del Ayuntamiento reflejado en la Liquidación del Presupuesto 2022 correspondiente a la funcional (23) Servicios Sociales y Promoción Social. 

✓ Fuente:  datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Función Pública relativos a la Liquidación del Presupuesto de las EE. LL 2020 hechos públicos por éste a fecha 30 de Noviembre de 2023 en su portal web https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/CONPREL máximo nivel de desglose ACCESS. 

✓ Criterio:  gasto Social en 2022 por debajo del 60% de la mediana de gasto por habitante/año.  La mediana de Gasto Liquidado por habitante que en 2022 fue de 94,57 €/habitante, y el 60% de esa mediana de Gasto de 56,74 €/hab, lo que representa un 8,87% más que en el ejercicio 2021 que se situó en 52,12 €) 

Datos de interés de ayuntamiento pobres en inversión social

• En el ejercicio 2022 han sido 37 los Ayuntamientos que realizaron menor gasto social por habitante, inferior al 60% de la mediana de gasto (56,74 €/habitante), reduciéndose únicamente en 1 los Ayuntamientos que reciben esta calificación de “pobres” en inversión social. 

• Esos 37 Ayuntamientos atendieron a sus 2.544.015 vecinos y vecinas con una inversión social media inferior a 56,74 € por habitante, lo que apenas representó de media un gasto en Servicios Sociales y Promoción Social (23) del 5,12% respecto a su Gasto Total, cuando la media nacional se sitúo en un gasto del 10,06%. 

• Un año más, buena parte de los Ayuntamientos pobres en 2021 también lo fueron en la edición anterior de 2021 (el 65%), señalándose en el informe su Reincidencia (R) en un lamentable ejemplo de persistencia de sus Corporaciones en mantener a sus vecinos y vecinas con unos Servicios Sociales infradotados económicamente y carentes de los derechos sociales que legítimamente les corresponden. 

• Una edición más, es la Comunidad de Madrid la que aporta el 41% de los Ayuntamientos pobres en inversión social con 15 Ayuntamientos, seguida de la Comunitat Valenciana con 8;  Andalucía, Cantabria, Castilla La-Mancha, Extremadura y Murcia con 2, y Baleares, Canarias y Galicia con 1 solo Ayuntamiento pobre en inversión social.

 Pobreza y salud

Aunque el acceso a la salud (tener la posibilidad de hacer frente a la enfermedad con acceso a medicamentos, vacunas, servicios de asistencia, agua potable, condiciones de higiene digna y educación) es un derecho fundamental para todos los seres humanos, existen diferencias escandalosas entre países pobres y países ricos y entre personas ricas y pobres de un mismo país.

“Realmente, se produce una relación causa/efecto de doble dirección:  la pobreza genera mala salud, y la mala salud contribuye a perpetuar la pobreza.  La pobreza es el mayor obstáculo para la salud”.

Al no disponer de una cobertura sanitaria y de información sobre prácticas adecuadas de prevención y promoción de la salud, muchas personas enferman y tanto ellas como sus familias pueden verse obligadas a dejar de estudiar o trabajar. Esto alimenta el círculo de la pobreza. Generaciones de una misma familia sumidas en esa situación sin disponer de recursos para salir de ella.

No en vano, la pobreza y la situación de bajos ingresos se asocian a una serie de resultados adversos para la salud, como una menor esperanza de vida, mayores tasas de mortalidad infantil y mayores tasas de mortalidad por las 14 principales causas de muerte, así como mayor exposición a enfermedades olvidadas

• En los países desarrollados, la esperanza de vida (el número de años que cabe esperar que viva un recién nacido) es superior a 80 años, mientras en los países más pobres apenas llega a los 50.

• Mil millones de personas en el mundo sufren desnutrición, derivada de dietas bajas en calorías, proteínas y micronutrientes básicos.

• Unos 165 millones de niños menores de cinco años (casi uno de cada cuatro) sufren desnutrición crónica.

• La desnutrición es la culpable de la muerte de casi la mitad de los 6.3 millones de niños menores de cinco años que fallecen cada año por causas fácilmente prevenibles y curables.

• El 40% de la población mundial no tiene cobertura sanitaria, y el 33% no tiene acceso a las medicinas, porque su alto coste no se lo permite. Y es que la producción de medicinas es un negocio, por los que, con frecuencia, se fabrican los medicamentos más rentables, no los más necesarios para la salud de la gente.

La clave está en el acceso universal a la salud

Para romper el vínculo entre la pobreza y la enfermedad, es necesario garantizar la Cobertura Sanitaria Universal, para que todas las personas puedan acceder a todos aquellos servicios de salud esenciales independientemente de los recursos que tengan.

La desigualdad en la salud

El 37,4% de las personas pobres considera que su salud es regular, mala o muy mala, cifra que está algo más de 11 puntos porcentuales por encima de medida para las personas no pobres (26,2%), es decir, una diferencia entre ambas del 43%. 

La situación de pobreza también determina diferencias importantes en la capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD) ya que una de cada cuatro personas pobres (24%) manifiesta algún tipo de dificultad para realizarlas, cifra que contrasta con el 15,6% en el caso de las personas no pobres. Además, la intensidad de la dificultad es mucho mayor entre las personas pobres, el 9,4% de las cuales no puede realizarlas (5,4% entre el resto de población).  

No pudieron recibir atención por causas económicas el 5% de las personas en hogares pobres que necesitaron asistencia médica, el 25,5% de las que necesitaron atención dental y el 3% de las que necesitaron servicios de salud mental. El 6,9% no pudieron acceder a medicamentos recetados, cifra que asciende a 8,3% entre las personas desempleadas.  Respecto a las prácticas preventivas, la Encuesta Nacional de Salud indica que entre el 9% y el 10% de las personas pobres no las han realizado, o lo han hecho hace más de cinco años. Estas cifras prácticamente doblan las registradas entre las personas que residen en hogares que no son pobres

Por otra parte, a la mitad de las mujeres pobres no se les ha practicado nunca una mamografía cifra que es un 30,7% (11,5 puntos porcentuales) superior a la de las mujeres no pobres. Además, si se considera la edad recomendada, que es entre 50 y 69 años, las diferencias aumentan enormemente, pues al 9,1% de las mujeres pobres -casi el triple que a las no pobres (3,4%)- no se le ha practicado nunca. Respecto a las citologías, muy importantes para la prevención del cáncer de cérvix, las diferencias son parecidas (33,8% de mujeres pobres y 18,4% de no pobres a las cuales no se ha practicado nunca una citología). 

El análisis de los determinantes de la salud muestra que las personas pobres son más obesas, un 21,9% frente a un 15% que las no pobres. También lo menores entre 15 y 18 años que viven en hogares pobres registran tasas más elevadas de peso insuficientes.  

Las personas que viven en hogares pobres se alimentan peor y consumen menos fruta, verduras, carne y pescado. Por el contrario, consumen más patatas, pasta, arroz pan y comida rápida. Comen peor porque los alimentos sanos son caros y ese es uno de los principales factores por los cuales las tasas de obesidad son más altas entre ellas.  La obesidad también se relaciona con hábitos de vida saludable como el ejercicio y el Estudio alerta de que prácticamente la mitad de las personas pobres no hacen ejercicio (47% frente al 32% de las que no son pobres). 

En cuanto a hábitos de vida que se consideran de riesgo para la salud tales como el consumo de tabaco y alcohol:  

• Las personas en hogares pobres fuman más (24,5% c/r 20,8%).  
• El 27% de las personas pobres no consume nunca alcohol frente al 14,9% de las no pobres. 

 Si naciste para clavo, del cielo te caen martillos

Hoy nos hacemos eco de una situación tan extrema como penosa que atañe a las personas vulnerables que solicitaron y recibieron el Ingreso Mínimo Vital, pero que por error de la Administración al hacer los cálculos, ahora son requeridos para devolver parte de la ayuda.  Lo aflora Germán Aranda en El Confidencial.

Los hechos

En septiembre de este año 2024, el Ingreso Mínimo Vital acumulaba ya 900.856 prestaciones aprobadas que alcanzaban a 2,6 millones de personas.  En octubre de 2023, fecha en la que contabilizó Airef para su última opinión al respecto, eran 342.856 prestaciones, con revisiones de importes al 65% de ellos y exigencia de devolución de una parte al 25%, 85.000. No sabemos cuántas devoluciones han solicitado a día de hoy porque el Gobierno no informa de este dato. 

Es decir, unas 85.000 personas han recibido el IMV pero, por error de la Administración al hacer mal los cálculos, ahora se les pida que devuelvan parte del dinero.

El Ingreso Mínimo Vital, como las rentas de inserción de las comunidades autónomas, sirve para proteger a las familias más vulnerables que, sin ingresos o con ingresos muy bajos, están en riesgo de pobreza severa, de no poder pagar su vivienda o sus alimentos. 

El error de la Administración proviene de:  Cuando se otorga la prestación del Ingreso Mínimo Vital, se tiene en cuenta la declaración de la renta, que corresponde al año anterior. Pero cuando pasa un año, se revisa la declaración de la renta del año posterior, que estaba en curso cuando se concedió la prestación. Si los ingresos superan los lindares, se solicita al beneficiario la devolución de parte del IMV. 

La oficina del Defensor del Pueblo ha comunicado este miércoles que se ha trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la necesidad de abordar una modificación del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reclamar todas las deudas, en todos los casos.

La modificación legal propuesta afectaría, además de al ingreso mínimo vital, a otras ayudas asistenciales como pensiones no contributivas de invalidez o jubilación, o los subsidios de desempleo de larga duración. Los beneficiarios de ayudas asistenciales están obligados a informar a la Administración cuando reciban nuevos ingresos, si bien las entidades gestoras tardan meses, "incluso años", en revisar la prestación y cuando lo hacen reclaman la devolución de todo el periodo cobrado.

Las consecuencias

Es poco probable que, por mucho que les haya mejorado después la vida a estas familias o por mucho que se equivocara la administración en los cálculos al concederles la prestación, estas familias hayan dejado de ser vulnerables cuando les llegue la notificación. Son, en su inmensa mayoría, personas que han gastado esa ayuda en comida, en alquiler, en los libros de sus hijos, arreglarse la muela o un peluquero, y que no tienen ahorros. 

La Seguridad Social debería de condonar o suspender estas deudas generadas por los cobros indebidos,

• tal y como apunta una sentencia reciente de Pamplona.  Una sentencia del pasado mes de julio emitida por el juzgado de lo social número 1 de Logroño, y ratificada el mismo mes por el Tribunal superior de Justicia de La Rioja, resuelve que un beneficiario del Ingreso Mínimo Vital que cobró indebidamente el ingreso no debe devolverlo si el error era de la administración, no había mala fe y además cubría unas necesidades básicas. La sentencia perdona una deuda de 4.315 euros con la administración y, al mismo tiempo, abre una vía legal y genera jurisprudencia para miles de casos, ya que la devolución de cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital tiene normalmente como origen un error de la administración y muchas familias siguen siendo vulnerables, pues esta era la condición para recibirlo. 
• y como también pidió el Defensor del Pueblo en agosto.  El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio donde propone limitar la obligación de devolver el cobro indebido de prestaciones sociales, entre ellas el ingreso mínimo vital (IMV), en el caso de que se trate de hogares vulnerables y no haya mediado mala fe o el error haya sido de la Administración.

Lo más grave es que el Ministerio lleva tiempo diciendo que trabaja "en una respuesta" al Defensor del Pueblo, pero esta no llega y sigue escurriendo el bulto y cargando con todo el peso de la gestión a las familias, que son las que si no pueden pagar, deben iniciar una reclamación administrativa, como si no tuvieran ya bastantes preocupaciones en llegar a final de mes y con la deuda generada.

Poca repercusión mediática

Pese a que afecta a decenas de miles de personas de las más vulnerables de España, el problema de los cobros indebidos no ha tenido una gran repercusión mediática y ni tan siquiera hay muchas entidades comprometidas. Están viviendo las familias con cierta soledad y mucha angustia el paso de los meses en los que, en muchos casos, ya se les está descontando de la propia prestación el exceso de cobro de años anteriores, cuando se da, pues en ocasiones la administración también se equivoca en su revisión. 

Tan solo el humilde Movimiento ATD Cuarto Mundo insiste en denunciar este agravio para las familias, e incluso presentó una reclamación colectiva al Comité Europeo de Derechos Sociales denunciando las violaciones a la Carta Social Europea en que incurre el Ingreso Mínimo Vital, especialmente en lo que respecta a los cobros indebidos.

Por si fuera poco, esta misma plataforma hizo un taller on-line de casi tres horas para explicar cómo reclamar la devolución de los cobros indebidos que tiene ya más de 3.000 visualizaciones en Youtube. Una vez más, una humilde plataforma altruista cumpliendo el papel que correspondería al Estado: el del acompañamiento, también administrativo, a las familias vulnerables.

Demanda internacional contra España por el Ingreso Mínimo Vital

La denuncia fue registrada el 4 de junio de 2024. Se refiere a los artículos 1 (derecho al trabajo), 7 (derecho de los niños y adolescentes a la protección), 13 (derecho a la asistencia social y médica), 15 (derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, integración y participación en la vida comunitaria), 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), 17 (derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección social y jurídica) y económica), 27 (derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato), 30 (derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social), 31 (derecho a la vivienda) y E (no discriminación) de la Carta Social Europea revisada. 

Hace unos días, la portavoz de esta plataforma, Hontanares Arranz, insistió con el tema de los cobros indebidos en un acto sobre pobreza organizado por la European Anti Poverty Network, con la presencia del Ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy. Se preguntaba Arranz por qué en estos actos no se da voz a las personas en situación de pobreza y por qué el Gobierno y los medios no están afrontando de cara la problemática de los cobros indebidos y se sorprendió de que precisamente personas "sensibles" al tema de la pobreza están dando la espalda a esta situación dramática. Las respuestas de los ponentes fueron vagas y nadie se atrevió a ahondar en este tema. 

Leganés pasa del 7º puesto, en 2021, en la lista de los pueblos menos solidarios de España al puesto 16 en 2022

Recogemos una noticia de Crónica Libre de diciembre de 2022:  

"Los pueblos menos solidarios de España"

Veinte de los 37 ayuntamientos con menor inversión social de España están en la Comunidad de Madrid. Localidades de Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia también aparecen en este triste ranking de los más egoístas. Lo más indignante es que las localidades más ricas son las que menos ayudan a sus vecinos. 

Aranjuez es la localidad española que menos invierte en Servicios Sociales. Con un gasto social de tan solo 31,10 euros por habitante, el municipio madrileño se convierte en “el más pobre en Servicios Sociales y Promoción Social de 2021”, según un pormenorizado informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. El ayuntamiento presidido por María José Martínez, del Partido Popular, invierte 55,76 euros menos por vecino que la media nacional, que está en 86,86 euros por habitante. Estos datos convierten a Aranjuez en el pueblo menos solidario de España.

Leganés aparece, como localidad repetidora en esta lista, en el puesto 7º, con un gasto de 39'77 €.  

Actualización con datos de 2022, conocidos en 2023

Leganés sigue apareciendo en la lista de menos solidarios en el puesto 16º, con un gasto de 44'86 €.

En el ejercicio 2022 han sido 37 los Ayuntamientos que realizaron menor gasto social por habitante, inferior al 60% de la mediana de gasto (56,74 €/habitante), reduciéndose únicamente en 1 los Ayuntamientos que reciben esta calificación de “pobres” en inversión social.  

Una edición más, es la Comunidad de Madrid la que aporta el 41% de los Ayuntamientos pobres en inversión social con 15 Ayuntamientos, seguida de la Comunitat Valenciana con 8; Andalucía, Cantabria, Castilla La-Mancha, Extremadura y Murcia con 2, y Baleares, Canarias y Galicia  con 1 solo Ayuntamiento pobre en inversión social. 

Sin comentarios.  Para qué.