- Prioridad
política
- Transparencia
- Prioridad
económica
- Tutela
responsable
- Prioridad
social: participación pública
PRIORIDAD POLÍTCA
El relator de la ONU sobre
extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, dijo: “La
pobreza es en última instancia una decisión política, y los gobiernos pueden,
si lo desean, optar por superarla”.
Las personas en situación de
pobreza necesitan ayuda, cooperación para superarla. Los ayuntamientos, las administraciones más
cercanas están en disposición de hacerlo.
Lo único que se requiere es que acabar con la pobreza se convierta en la
primera prioridad política de los partidos y ediles.
La lucha contra la pobreza no
puede ser una cuestión de concurrencia competitiva en la que se ayude a las
personas hasta que el presupuesto se acabe.
Ha de ser una cuestión de derecho subjetivo en la que se ha de ayudar,
obligatoriamente, a quienes la sufren.
Además, garantizar los derechos humanos de las personas es la obligación
primera de los poderes públicos.
A partir de acabar con la pobreza
se puede y debe avanzar en construir los demás derechos humanos políticos,
sociales y económicos.
Por ello es necesario que las
Ordenanzas se adapten a las necesidades de los jóvenes y niños (educación,
comedores escolares, …) y de sus familias, tanto si están en tránsito desde
otras localidades o de si poseen o no papeles pertinentes para demostrar su
situación de necesidad.
Este es el criterio fundamental y
en el que se basan todos los demás. Su
aplicación ha de ser continua en todas las fases de la petición de ayuda y el
posterior proceso de concesión.
TRANSPARENCIA
Ocurre que en ocasiones el nivel
educativo de l@s demandantes de ayudas no es muy adecuado para entender ni
realizar con éxito y rapidez las burocracias que se les piden. Además, la persona peticionaria de ayuda es
extranjera y no entiende, o lo hace con muchas dificultades, el idioma. También suele ocurrir que la falta de
experiencia en realizar burocracias le dificulte el entendimiento del proceso. O, en ocasiones no tienes los medios necesarios
(impresoras, scaneres,… ) para realizar los procesos burocráticos.
El Ayuntamiento debería disponer
de los recursos (traductores, ayudantes, acompañantes, …) necesarios para poder
realmente prestar el servicio.
También, el Ayuntamiento debería
proporcionar fotocopias de la documentación necesaria en varios idiomas (los
más habituales) y las direcciones, por escrito, con los horarios de atención de
las oficinas donde conseguir los documentos que faltan.
Para que la información sea
accesible es necesario que se informe de manera clara con los datos de ayudas
que se pueden solicitar, requisitos que se piden en cada ayuda, cuáles son los
criterios de evaluación para valorar la petición y cómo puedes reclamar.
15 días hábiles (plazo para
subsanar faltas de documentación), en muchos casos, son un periodo complicado
de cumplir sin ayuda directa y sin tutela responsable por parte del
Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta
que las situaciones de necesidad implican estados de ánimo personales muy
complicados que merman las capacidades de atención y actuación. Pero sería un plazo más adecuado si l@s
trabajador@s sociales del Ayuntamiento acompañasen a l@s peticionari@s y
ejerciesen con su ayuda una tutela responsable.
PRIORIDAD ECONÓMICA
La prioridad política de la que
hablábamos antes se concreta en dar prioridad económica a la lucha contra la
pobreza.
Entendemos que en un país tan
desarrollado social, política y económicamente como el nuestro, combatir la
pobreza debe ser una prioridad absoluta, por encima de todo o casi todo lo
demás. No se entiende, ni se puede
permitir que los presupuestos de un ayuntamiento no consideren combatir la
pobreza en su municipio como la labor principal para poder garantizar lo más
básico: los derechos políticos, económicos y sociales
de su población.
Por ello, el Ayuntamiento de
Leganés debería presupuestar la cantidad adecuada anual para combatir la
pobreza. Y en el caso de que las
necesidades superasen lo presupuestado, se debería legislar lo necesario para
que se pudiese complementar el Presupuesto Contra la Pobreza a principios del
tercer trimestre del año para poder acometer todas las necesidades.
TUTELA RESPONSABLE
Los poderes públicos y, sobre
todo, las administraciones públicas tienen la obligación de velar por la
salvaguarda de los derechos de la población.
Entendemos que el derecho a la alimentación, vivienda y educación, entre
otros, son algunos de los derechos más básicos que se deben tutelar de manera
responsable y comprometida desde todas las administraciones y, especialmente,
desde la administración local, la más cercana al ciudadano. De no ser así,
incumplen sus obligaciones para con sus ciudadanos, ya sea por acción o por
omisión, especialmente a nivel local.
Por ello, pensamos que el
Ayuntamiento de Leganés se debería comprometer en una lucha a fondo contra la
pobreza en el municipio y debería ejercer una tutela responsable con la
ciudadanía ayudándola en los trámites y haciéndose corresponsable de ellos para
que la salida de la pobreza no dependa de entender o no el idioma, los
requerimientos legales, la posesión efectiva de los papeles necesarios, el
idioma burocrático y los plazos legales.
En aquellos trámites que dependen
del Ayuntamiento, estos se realizasen por vía interna de la Ayuntamiento con la
ayuda de l@s trabajador@s sociales. Y
que en aquellos trámites que no dependen del Ayuntamiento éste llegase a
convenios con las otras administraciones o entidades privadas para que el
procedimiento fuese sencillo y l@s trabajador@s sociales pudiesen acompañar a
los peticionarios.
PRIORIDAD SOCIAL: PARTICIPACIÓN PÚBLICA
La participación social en la
lucha contra la pobreza es un derecho de la ciudadanía y garantizarla es una
obligación de las administraciones. El
Ayuntamiento deberá:
- Crear espacios de participación donde la
ciudadanía pueda proponer criterios, actuaciones y políticas;
- Difundir información sobre la situación de la
pobreza en Leganés para que la ciudadanía sea consciente de la realidad que se
vive en Leganés por una parte de l@s vecin@s.
- Promover el compromiso solidario.
- Promover el consenso entre la ciudadanía y el
Ayuntamiento en la consecución de erradicar la pobreza. La participación pública en el proceso de
acabar con la pobreza ha de entenderse como un nexo y una colaboración que une
Ayuntamiento y ciudadanía, no como una intromisión o una lucha entre ambos.
La participación social conlleva fomentar la evaluación participativa de la
sociedad. Para que la participación
social sea real y efectiva es preciso que exista una evaluación con
participación social.
EL PROCESO Y LOS CRITERIOS
El proceso de solicitar ayuda al Ayuntamiento es complejo y
largo. Estas dos características no
ayudan a su fácil desempeño. Por un
lado, dificultan la posibilidad de ejercer los derechos básicos de la
ciudadanía con necesidades y, además, las ayudas tardan mucho tiempo en llegar
y las situaciones a las que han de responder son muy urgentes. Por ello es necesario reivindicar que se
simplifique el proceso y que se admitan elementos como la declaración jurada
cuando existen dificultades para conseguir papeles, y el informe de servicios
sociales sustituyendo dichos papeles.
A continuación vamos a mostrar, esquemáticamente, los pasos
necesarios para la concesión de una ayuda (en la parte izquierda de la página)
y lo vamos a acompañar con los criterios anteriores que, en nuestra opinión
habría que aplicar en este proceso (parte derecha y escritura en vertical).
En esta primera fase del proceso es fundamental romper las
trabas que alejan, habitualmente, a las personas peticionarias de la burocracia
administrativa: no entender el idioma,
no entender los trámites a realizar, carecer del vocabulario técnico necesario,
la complejidad del proceso, la posesión o no de los papeles necesarios y la
multiplicación de esfuerzos para conseguirlos, …
Todo ello se puede arreglar con la determinación del
Ayuntamiento y sus funcionarios por optar políticamente por considerar la lucha
contra la pobreza en Leganés como su prioridad
política. Esto conlleva asumir el
papel de tutela responsable y
acompañar corresponsabilizándose a los peticionarios en las tramitaciones
necesarias.
Es necesario poner a disposición de los peticionarios las informaciones necesarias en idiomas
entendibles y con claridad y sencillez:
qué prestaciones puede obtener, los requisitos para que se las concedan
y los criterios y puntuaciones o baremos que se utilizarán para decidir cada
caso. También es necesario que se
informe de la resolución fundamentada para poder recurrirla si es
necesario. Además, se ha de contar con
las ayudas necesarias: traductores y
trabajadores sociales que les acompañen durante todo el proceso para
facilitárselo en lo necesario.
Fomentar la participación
pública y la transparencia en
esta primera fase del proceso va a facilitar que se pueda superar con éxito.
Los problemas que se detecten, tanto por el funcionariado
como por la ciudadanía, se han de evaluar
participativa y periódicamente para mejorar el proceso.
La transparencia
en esta fase es fundamental, por ello es necesario reivindicar que el informe
social y el informe de propuesta sean entregados al interesado para su
conocimiento y que pueda recurrirlo de alguna manera y/o para que pueda
ayudarle la opinión de la Administración en futuros intentos.
Por otra parte, al estar hablando
de pobreza, condición en la cual se pierden muchos derechos básicos, sería
necesario que la concesión de ayuda fuese considerado un de derecho subjetivo en la que se ha de
ayudar, obligatoriamente, a quienes la sufren.
Y en casos muy graves (hambre, falta de vivienda, etc.) debería ser
automática la atención de las necesidades.
Es necesario contemplar la
atención adecuada a las personas en tránsito (no empadronados en Leganés) y que
el empadronamiento, que en muchas ocasiones es difícil de conseguir, se
sustituya por un informe de servicios sociales.
Los Ayuntamientos deberían contar
con una partida presupuestaria real
(basada en los cálculos necesarios para acabar con la pobreza en el municipio). Así se conseguiría respetar el derecho
subjetivo de l@s personas en situación de carencias a recibir ayuda. Además, también tendría que estar prevista la
actualización o complementación
presupuestaria si así lo requiriesen las circunstancias.
Facilitar los recursos
humanos y económicos suficientes para poder atender con rapidez.
Que exista transparencia
para conocer los criterios con los que
actúa la Administración es fundamental tanto para la población destinataria
como para las organizaciones sociales que actúan contra la pobreza.
También es muy importante una postura proactiva de la
Administración para buscar alternativas de colaboración económica o de otra
naturaleza en la Comunidad Autónoma, el Estado, entidades privadas, ongs, etc.
El plazo de 6 meses
de silencio administrativo es un periodo demasiado largo y que perjudica
seriamente a los peticionarios. Se
debería eliminar el silencio administrativo negativo. El plazo máximo debería ser de 1 mes para que
la Administración responda y lo haga con un informe fundamentado e indicando un
proceso de reclamación.
